El Grupo Popular en la Diputación de Cuenca ha vuelto a denunciar este jueves la ausencia de retenes preventivos del Servicio Provincial de Bomberos durante las celebraciones patronales en diversas localidades. La formación de la oposición advierte de que municipios como Casasimarro, Honrubia, El Cañavate o Motilla del Palancar se han visto o se verán afectados por esta falta de dotaciones, una situación que consideran fruto de la «nefasta gestión» del equipo de Gobierno socialista y que pone en riesgo la seguridad de los vecinos.
Los populares han calificado como «especialmente preocupante» lo sucedido en Motilla del Palancar, donde se originó un incendio durante los fuegos artificiales que pudo sofocarse rápidamente gracias a que el parque provincial de la localidad se encuentra a apenas 40 metros del lugar. Desde el PP remarcan que la protección vecinal «no puede depender de la casualidad», lamentando que en casos como el de Honrubia se haya instado al consistorio a llamar directamente al 112 en caso de fuego, o que en El Cañavate ya se les haya comunicado que no dispondrán de preventivo este viernes, a pesar de que el pueblo carece de medios materiales propios y registra intervenciones de emergencia de forma recurrente. La bancada popular también ha querido poner el foco en el malestar de la propia plantilla provincial de bomberos, exigiendo al presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, que atienda sus reclamaciones laborales, mejore la cobertura de puestos y garantice una planificación digna para los pueblos.
Este nuevo cruce de reproches por la seguridad de las fiestas agrava una controversia que se arrastra durante toda la campaña estival de 2026. A finales de agosto, el PP ya denunció que la escasez de plantilla había provocado la cancelación de retenes en decenas de festejos pirotécnicos, unas acusaciones que fueron contestadas por el diputado responsable del servicio, Rodrigo Molina, quien reconoció la anulación de 13 preventivos por acumulación de servicios pero aseguró que ningún pueblo quedaba desprotegido al mantenerse operativas las bases de emergencias. El conflicto de fondo se remonta además a la ordenanza aprobada por la institución provincial a comienzos del ejercicio 2025, mediante la cual se estableció una tasa de 760 euros por cada preventivo de cuatro horas solicitado por los ayuntamientos, una tarifa que encareció la cobertura festiva y que, combinada con la falta de efectivos disponibles en las bases de Tarancón y Motilla del Palancar, mantiene en pie de guerra a los consistorios conquenses ante la vulnerabilidad de sus eventos más multitudinarios.
