El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara ha acusado al exalcalde socialista Alberto Rojo de ser el responsable directo del diseño de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y de la propuesta para ampliar el estacionamiento regulado en la ciudad. Durante el último pleno municipal celebrado este 29 de mayo, el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, presentó una cronología documentada para demostrar que los trámites comenzaron en 2021 bajo el mandato del PSOE. Esta ofensiva política surge como respuesta a las críticas de la oposición y busca justificar los cambios que el equipo de Ana Guarinos está implementando para flexibilizar las restricciones de tráfico.
Según los populares, la normativa no responde a una imposición ineludible de Europa, sino a la aplicación de la Ley Nacional 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética aprobada por el gobierno central. El actual equipo de gobierno asegura que se ha visto obligado a continuar con el expediente por responsabilidad institucional, evitando así la pérdida de los fondos europeos ya adjudicados a la capital alcarreña.
El origen del proyecto y las fechas clave
Para respaldar sus afirmaciones frente a las críticas del PSOE, el responsable de Medio Ambiente detalló los pasos administrativos dados por el anterior equipo de gobierno. El objetivo del PP es evidenciar que el modelo de movilidad que ahora cuestionan los socialistas fue estructurado y firmado íntegramente durante la etapa de Alberto Rojo en la alcaldía.
Los documentos oficiales aportados por el equipo de gobierno señalan fechas concretas:
1 de julio de 2021, cuando Alberto Rojo firmó el decreto para el diseño e implantación de la ZBE.
9 de julio de 2021, fecha de aprobación de la memoria técnica valorada del proyecto.
24 de noviembre de 2021, momento en el que arrancó el expediente de contratación.
3 de febrero de 2023, día en el que la entonces teniente de alcalde, Sara Simón, presentó públicamente la reorganización del aparcamiento en la ciudad.
En esa última comparecencia, el modelo socialista preveía reducir drásticamente las plazas gratuitas, aumentando la presencia de la zona azul y roja del 9 al 25 por ciento del casco urbano. El PP también denunció las tarifas fijadas en su momento para los aparcamientos de Adoratrices y Dávalos, advirtiendo que ese mismo sistema económico se pretendía trasladar al parking de los Hermanos Fernández Galiano.
Modificaciones en la nueva ordenanza
Frente a lo que califican como un modelo exclusivamente sancionador y recaudatorio, el gobierno de Ana Guarinos está trabajando en la reforma de la ordenanza reguladora. La nueva normativa busca eliminar las limitaciones permanentes para los conductores de Guadalajara, partiendo de la base de que la ciudad no sufre episodios graves ni habituales de mala calidad del aire.
Con estos cambios introducidos por el Partido Popular, los vehículos podrán circular con mayor libertad y la ZBE solo se activará de forma puntual cuando los medidores registren niveles reales de alta contaminación. Alguacil defendió que esta modificación aporta sentido común y evita penalizar injustamente a los vecinos y comerciantes locales.
Evolución del debate en la capital
Al repasar el archivo histórico de Liberal de Castilla durante el último año, se observa cómo la implantación de la ZBE ha monopolizado el debate social y comercial en Guadalajara. Las publicaciones anteriores reflejan la creciente incertidumbre de los hosteleros del centro y las asociaciones vecinales ante la posible pérdida de clientes y de plazas de aparcamiento libre. La evolución de este tema muestra un claro giro político: lo que en 2021 se presentó desde el Ayuntamiento como una modernización ecológica financiada con fondos de recuperación, se ha transformado en 2026 en el principal campo de batalla del pleno municipal.
Este cruce de acusaciones culmina un proceso en el que la presión ciudadana ha forzado a redefinir el modelo original sobre la marcha. La hemeroteca confirma que las decisiones firmadas hace más de cuatro años han condicionado el urbanismo de la ciudad, obligando al actual ejecutivo a buscar un equilibrio complejo. Ahora, el Ayuntamiento debe cumplir con el marco de la ley nacional mientras atiende las demandas de unos vecinos que exigen políticas de movilidad mucho menos restrictivas y sin afán recaudatorio.
