El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Arcas ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo y otra ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, por lo que entiende “un uso partidista y sectario” de la aplicación Bandomovil, por parte del alcalde, González Mena, ya que esta herramienta está sufragada con el dinero de todos los vecinos del municipio.
La gota que ha colmado el vaso, a juicio de los populares, sobre lo que ya se venía produciendo, “ha sido un comunicado del Equipo de Gobierno para contestar a una información publicada por el Grupo Popular en sus redes sociales, relativa a la contratación de un asesor o asesora para el propio alcalde”. El alcalde ha utilizado el Bandomovil para “atacar directamente la actuación de un grupo político concreto (el Popular) con un claro tinte partidista y para nada institucional. Para esta cuestión podía haber hecho uso de sus redes sociales, de las que cada partido o persona es responsable. Una crítica política no tiene que someterse a la oficialidad que le otorga una aplicación municipal”, apunta el PP.
Miles de Ayuntamientos en España usan el Bandomovil para tener informados, a todos los habitantes que lo deseen, de asuntos y cuestiones institucionales o de funcionamiento ordinario. “No puede utilizarse con un carácter claramente partidista como en este caso”. El Grupo Popular de Arcas precisa que “este tipo de aplicaciones y métodos son importantísimos, de una gran utilidad para los municipios y generan además una mejora en la sostenibilidad medioambiental, al poder prescindir así de grandes cantidades de papel”. “Es cuanto menos curioso que González Mena lo utilice como altavoz para hacerle la oposición a la oposición al tiempo que no permite acceder de manera telemática a los concejales a la documentación a la que tienen derecho, impidiendo así la realización correcta de su labor”, añaden los populares.
“Las verdades escuecen y lo que es cierto e innegable es que el alcalde de Arcas ha decidido proponer la creación de una figura de asesor para él, cobijándola bajo el nombre de jurídico”, indican los concejales del PP. Los populares reconocen que “es perfectamente legal” que el alcalde contrate a un asesor, “pero incoherente en una persona que siempre ha presumido de que su actividad política no le ha costado un euro a los vecinos de Arcas”. Este contrato, por el que se designará a un nuevo trabajador del Consistorio a elección de González Mena, supondrá para las arcas municipales un coste de casi 10.000 euros. “Que la incorporación de este asesor o asesora sea legal y discrecional no nos impide exigir y, así lo hemos hecho, que se utilicen los medios institucionales de manera aséptica e imparcial con el fin de no causar una vulneración de los derechos de la oposición e incluso un posible uso incorrecto de fondos públicos”, insisten los populares.
Por último, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Arcas ha querido manifestar su confianza tanto en el Defensor del Pueblo como en el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, “al servicio de los ciudadanos y que deben de velar por sus intereses y por el uso correcto de las instituciones y del dinero público por parte de los gobernantes”. “Somos bien pensados y estamos seguros de que nuestra queja se estudiará con la objetividad requerida”, finalizan los ediles del PP.
