El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, y el concejal responsable del Agua, Santiago López Pomeda, han comparecido hoy ante los medios de comunicación para informar a los ciudadanos de Guadalajara sobre la nueva carga fiscal impuesta por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Este nuevo impuesto, denominado canon medioambiental o canon DMA, afectará a todos los guadalajareños a partir de este mes de abril.
Esteban ha destacado que este impuesto no tiene relación alguna con el Ayuntamiento de Guadalajara ni con la empresa concesionaria del servicio de agua, sino que “es una imposición del Gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por Emiliano García-Page, que todos los vecinos de Guadalajara lo verán en su factura», ha señalado Esteban.
El concejal de Hacienda ha subrayado que este nuevo impuesto supondrá un coste adicional de 4 millones de euros más al año para los vecinos de Guadalajara, incluyendo particulares, comercios, hostelería, autónomos y empresas.
Así ha detallado que sólo por el primer trimestre, el Ayuntamiento de Guadalajara pagará 80.000 euros de este impuesto por el autoconsumo municipal de agua, mientras que los vecinos pagarán 916.000 euros a través de sus facturas de agua. Esta cifra podría aumentar en los trimestres siguientes debido al incremento del consumo de agua en los meses de verano.
Nada recibirá la ciudad de Guadalajara a cambio de este impuesto
Esteban ha criticado duramente este impuesto, calificándolo de «impuestazo» y afirmando que no tiene ningún objetivo medioambiental real, sino únicamente recaudatorio. «Nada recibirá la ciudad de Guadalajara a cambio de este impuesto, porque ni el Gobierno de Castilla-La Mancha suministra el agua a la ciudad de Guadalajara, ni depura el agua, ni realiza ningún tipo de inversión en las infraestructuras hidráulicas de la ciudad de Guadalajara», ha declarado Esteban.
“El gobierno de Castilla la Mancha se escuda en que este mal denominado canon DMA, que lo han disfrazado con el nombre de canon para no hablar de impuesto, tiene un objetivo medioambiental. Es falso, porque nada se consigue con este mal llamado canon medioambiental, que es un impuesto”, aclaraba Esteban.
“Además están engañando a todos los vecinos de Guadalajara y de toda Castilla la Mancha diciendo que es obligatorio por una directiva europea, una directiva del año 2000. Si fuera obligatorio, ya desde el año 2000, todas las comunidades autónomas tendrían que estar pagando este impuesto al agua. Y no es verdad, porque la vecina Comunidad de Madrid no tiene ningún impuesto autonómico al agua”, añadía el concejal de Hacienda concluyendo que “es mentira que sea un canon medioambiental, es un impuesto con un único fin es el recaudatorio, vamos a tener que pagar más por el agua sin recibir nada a cambio”.
Un colegio verá incrementada su factura en 4.000 euros anuales
Santiago López Pomeda, por su parte, ha explicado cómo se verá reflejado este canon en las facturas de agua. El impuesto se dividirá en una cuota fija, que dependerá del tipo de suministro y del diámetro del contador, y una cuota variable, calculada en función del consumo de agua mensual. «El mal llamado canon medioambiental, que realmente es un impuesto, es un incremento directo en el precio del agua. Nos obligan por ley a pagarlo y a recaudarlo, mediante una ley aprobada por el mismo Gobierno de Castilla-La Mancha y a enviarles la totalidad de lo recaudado a Toledo para engrosar las arcas regionales», ha declarado López Pomeda
López Pomeda ha proporcionado distintos ejemplos concretos del impacto de este impuesto en diferentes sectores, como familias, comercios, industrias y servicios públicos. Así, una familia, con un alto consumo, le suben el agua un 21% (32 euros anuales). Una tienda de alimentación y los pequeños comercios verán incrementada su factura del agua en un 70% (86 euros anuales) y una industria, de bajo consumo, verá incrementada su factura en un 60% (114 euros anuales).
Más llamativo resulta que un colegio, un centro de educación, verá incrementada su factura en un 85% (4.000 euros anuales), que otra industria, de alto consumo, verá incrementada su factura en un 50% (10.222 euros anuales).
“El sector hostelero también lo va a sufrir, con una media de 800 euros de subida; una lavandería se aproximará a los 10.000 euros de subida…y así sucesivamente”. Añadía López Pomeda, resumiendo que “el Ayuntamiento y, en consecuencia, todos los vecinos, también lo vamos a sufrir, con una subida anual de cerca de 400.000 euros”.
López Pomeda ha solicitado al Gobierno de Castilla-La Mancha “que frene este despropósito y esta sangría fiscal que, según él, asfixiará a todos los ciudadanos de Guadalajara y colocará a la región en una clara desventaja competitiva respecto a otras comunidades autónomas”.
El Ayuntamiento de Guadalajara ha incluido en el reverso de la factura del agua una nota informativa donde se explica qué es el canon medioambiental, cómo se calcula y cómo se verá reflejado en la factura.
El Ayuntamiento de Guadalajara reitera su oposición a este impuesto injusto e innecesario y anima a los ciudadanos a dirigir cualquier duda o reclamación al Gobierno de Castilla-La Mancha, responsable de su implantación y aplicación. «Nosotros como ayuntamiento, estamos con nuestros vecinos y nos opondremos a cualquier medida fiscal que suponga una carga injusta para la ciudad de Guadalajara», ha concluido López Pomeda.
