El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, a través de su portavoz Bea Jiménez, ha cargado duramente contra el equipo de Gobierno liderado por el socialista Darío Dolz tras conocerse que el Consistorio ha adjudicado una auditoría externa, por valor de casi 10.000 euros, para evaluar el grado de cumplimiento del contrato del servicio de transporte urbano.
Para la dirigente popular, este desembolso evidencia la «falta de interés, incapacidad y nula gestión» del alcalde durante sus casi ocho años de mandato, ya que se contrata a una empresa para diagnosticar «aquello que debería haber controlado desde el primer día». Jiménez considera «vergonzoso» que, tras años de quejas vecinales por el mal funcionamiento de las líneas y después de haber tenido que abonar cuantiosas indemnizaciones a la empresa concesionaria, los conquenses «tengan que volver a rascarse el bolsillo» para que un informe externo les confirme las deficiencias del servicio.
La líder de la oposición ha calificado la política de movilidad de Dolz como un «gran fracaso», acusando al regidor de tener como única prioridad «quitarse el problema de encima y trasvasarlo a la siguiente corporación». En este sentido, Jiménez ha recordado episodios como la última prórroga del contrato (de 5 años, que el PP califica de «dudosa legalidad»), experimentos «fallidos» como el intercambiador estrenado y retirado semanas después tras colapsar los tiempos de espera, y la pérdida de subvenciones millonarias del Ministerio. «Esto demuestra la falta de proyecto de Darío Dolz, cuyo único plan parece ser trasladar el problema a los que vendrán después», ha sentenciado.
Hemeroteca: Un servicio asfixiado por sentencias, cambios fallidos y un contrato agotado
La auditoría criticada hoy por el PP fue encargada recientemente a la consultora MOVEA Consulting Mobility S.L. por un importe de 9.150 euros (más IVA) para realizar un análisis técnico y económico de la concesión actual (en manos de Líneas Urbanas de Cuenca, LUC), de cara a preparar la nueva licitación prevista para 2027. Repasando el archivo de la legislatura, este paso llega tras años de tensión entre el Ayuntamiento, la concesionaria y la oposición.
El servicio arrastra un lastre judicial importante, como la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que condenó al Consistorio a indemnizar con más de 633.000 euros a la concesionaria por desequilibrios en la prestación de servicios no compensados. A esto se suma la profunda crisis de movilidad vivida en septiembre del año pasado, cuando el Ayuntamiento instauró un nuevo mapa de líneas con un intercambiador central; la modificación provocó retrasos de hasta 45 minutos, lo que obligó al alcalde a dar marcha atrás apenas dos semanas después, admitiendo haber vivido «los peores días de su vida» y asumiendo la pérdida de la inversión realizada en personal y señalización. Mientras el contrato actual (firmado en 2012 y prorrogado hasta 2027) apura sus plazos, el servicio de autobuses sigue siendo uno de los mayores focos de confrontación política en la capital.
