El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara) ha emitido un comunicado para aclarar que el impago del complemento de productividad a la plantilla municipal no responde a una decisión política ni a falta de presupuesto, sino a la obligación de adaptar las retribuciones a la legalidad vigente. Tras la celebración de la Mesa General de Negociación del pasado 7 de julio, el Consistorio ha subrayado que los salarios base del personal se están abonando con absoluta normalidad. El conflicto radica en que el sistema de asignación y las cuantías de este complemento superaban los límites normativos, lo que ha motivado informes vinculantes por parte de la Intervención Municipal y del propio Tribunal de Cuentas.
Para solucionar esta situación, el equipo de Gobierno asegura llevar meses trabajando en tres vías: la implantación de un protocolo transitorio de evaluación del desempeño, la redacción de un futuro Reglamento de Productividad y la negociación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Además, frente a las acusaciones sindicales de bloqueo, el Ayuntamiento ha confirmado la convocatoria de una nueva reunión de la Mesa General para el próximo 14 de julio, con el objetivo de continuar las negociaciones dentro de un marco jurídico seguro.
Este posicionamiento institucional llega en un contexto de alta tensión laboral en el municipio guadalajareño. Tal y como documentó la hemeroteca de Liberal de Castilla, el conflicto desembocó este mismo 8 de julio en una concentración de unos 70 trabajadores en la Plaza de la Constitución para protestar por la retención de este plus, que acumula más de tres meses de impagos. Estas movilizaciones, secundadas por el Comité de Empresa y la Junta de Personal, comenzaron a organizarse desde finales de junio ante la negativa del gobierno local a abonar las cantidades pendientes.
De este modo, el conflicto evoluciona desde las calles hasta la mesa de negociación. Mientras la plantilla reclama sus atrasos salariales como una necesidad inmediata por la vía de la protesta, la Administración local fija su postura técnica: blindar jurídicamente cualquier gasto de recursos públicos antes de autorizar nuevos desembolsos, asumiendo el desgaste hasta la próxima cita del 14 de julio.
