En el recurso contencioso administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha ha dictado la sentencia 234/2024 en la que falla en favor de la demandante y declara nulo de pleno derecho el Reglamento General de Caza de Castilla-La Mancha aprobado por el Decreto 15/2022, de 1 de marzo.
Aceptando los argumentos de Ecologistas en Acción, y en una sentencia de notoria relevancia, el TSJ entiende que el Gobierno regional incumplió un requisito formal esencial en la tramitación del Reglamento, cual es, el informe preceptivo del Consejo Regional de Caza según lo establecido en la Ley de Caza regional.
Así, la sentencia del TSJ demuestra el poco respeto a la legalidad que el Gobierno regional expresa en la tramitación de normas de gran calado y el escaso aprecio que le merecen los órganos de participación. Según Miguel Ángel Hernández, representante de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha y de las ONG ambientales en el Consejo Regional de Caza, “el Gobierno regional lo que ha pretendido con el Reglamento de Caza es beneficiar al lobby cinegético, ocultando al público sustanciales cambios que negoció a escondidas y que han dado lugar a un incremento muy significativo de los impactos de la caza en el medio ambiente de Castilla-La Mancha”.
Entre las modificaciones que a posteriori se introdujeron en el Reglamento de Caza se argumentaban en la demanda algunos tan relevantes como el mal estado de las poblaciones de la perdiz roja, la tórtola común, la codorniz o la becada, lo que debía haber llevado a excluirlas del listado de especies de caza. Se recurrió también el intento de facilitar la práctica encubierta de la caza en el Parque nacional de Cabañeros, permitiendo a cazadores realizar controles de población. Así como los apartados que permiten generalizar las sueltas de perdices de granja en todos los cotos y que facilitan los cerramientos secundarios y los capturaderos para ciervos.
Tras esta sentencia, Ecologistas en Acción denuncia los procedimientos ilegales y antidemocráticos que de un tiempo a esta parte está poniendo en práctica el Gobierno regional en la aprobación de normas que afectan al medio ambiente y a la ciudadanía en general. Además de en el Reglamento de Caza, se ha seguido la misma pauta para modificar la Ley de Caza y facilitar que se dispare en caminos y vías públicas, también para permitir transformaciones de cultivo que dañan Zonas de Especial Protección de Aves o para promover la instalación de macrogranjas y de plantas de biogás.
Ecologistas en Acción apuesta por la participación social en la aprobación de todo tipo de normativas y por ello reclama al Gobierno regional, y singularmente a la Consejería de Desarrollo Sostenible, que confronte abiertamente su elaboración con todas las partes interesadas y no solo con los sectores económicamente interesados. Asimismo reclama que no se hagan oídos sordos a las críticas y a las alegaciones que se presentan y señala que si éstas fueran atendidas mejorarían sustancialmente las normativas que se aprueban reduciendo los conflictos judiciales.
