La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal integrada por seis personas especializada en la producción intensiva y venta de cannabis en la provincia de Guadalajara y la Comunidad de Madrid. La operación policial, iniciada el pasado mes de marzo tras detectarse movimientos de tráfico de estupefacientes en el eje del Corredor del Henares, culminó con ocho entradas y registros simultáneos en los que se intervinieron 2.898 plantas en cuatro instalaciones interiores, 41 kilos de cogollos y picadura preparados para su distribución inmediata y un arma de fuego corta municionada. Asimismo, las autoridades judiciales decretaron el bloqueo de veinte cuentas bancarias vinculadas a la trama por las que había circulado un movimiento financiero estimado en medio millón de euros, decretándose el ingreso en prisión provisional para cinco de los seis arrestados por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico y blanqueo de capitales.
El entramado operaba mediante una estructura altamente jerarquizada y con un reparto milimétrico de funciones que abarcaba desde el cuidado agronómico hasta la vigilancia armada y el reparto comercial en las comarcas limítrofes. Para evitar levantar sospechas y entorpecer los seguimientos policiales, la banda diversificaba sus cultivos ocultándolos en chalets unifamiliares de urbanizaciones residenciales alejadas de los cascos urbanos, donde habían instalado complejos sistemas de ventilación e iluminación alimentados de forma fraudulenta a través de enganches ilegales a la red eléctrica pública. Mientras un sector de la red se encargaba del mantenimiento del ciclo vegetativo y el secado del estupefaciente, otros integrantes asumían la custodia de los inmuebles y la posterior entrega de las remesas en distintas localidades del Henares.
La intervención ratifica un patrón delictivo reiterado en el mapa de seguridad de Guadalajara, donde las redes del narcotráfico recurren de forma sistemática a viviendas unifamiliares de zonas residenciales de baja densidad para implantar laboratorios clandestinos de alta rentabilidad. La provincia ha registrado a lo largo de este año importantes precedentes con idéntico modus operandi, como los operativos desarrollados en urbanizaciones de Uceda, El Pozo de Guadalajara, Chiloeches y Torrejón del Rey. Estas infraestructuras no solo alimentan el mercado ilícito comarcal, sino que conllevan un grave peligro vecinal por el riesgo de incendios derivados del sobrecalentamiento de las acometidas eléctricas clandestinas y la penetración de grupos organizados armados en entornos residenciales tranquilos.
