Cuenca en Marcha – Unidas por Cuenca llevará al próximo Pleno municipal las consecuencias económicas que tendrá para la ciudad el traslado del Centro de Tratamiento de Residuos desde su actual ubicación, junto a la estación Fernando Zóbel, hasta las proximidades de Villanueva de los Escuderos.
La iniciativa llega después de que la Diputación Provincial haya iniciado la licitación del proyecto para la construcción y gestión de las nuevas instalaciones, con un presupuesto de 132,6 millones de euros que incluye su construcción y doce años de gestión. Ante el avance de este proyecto, la formación considera imprescindible que se aclaren las consecuencias económicas que tendrá para el servicio municipal de recogida de residuos.
Desde Cuenca en Marcha recuerdan que no se trata de una preocupación sin fundamento. El propio Ayuntamiento de Cuenca, durante la tramitación del proyecto, estimó que el aumento de los desplazamientos de los camiones podría suponer un incremento anual de casi 1,7 millones de euros únicamente en combustible, una cantidad que podría ser incluso superior si se tienen en cuenta otros gastos asociados al aumento de las distancias.
El concejal de Cuenca en Marcha, Pablo García, considera que esta cuestión no puede quedar en un segundo plano ante los anuncios de la nueva infraestructura: «Estamos hablando de casi 1,7 millones de euros al año solo en combustible. Es una barbaridad y queremos saber quién va a asumir ese sobrecoste. No podemos permitir que una decisión de estas dimensiones termine repercutiendo en el bolsillo de los conquenses a través de un incremento de la tasa de basuras».

García recuerda que esta preocupación ya fue trasladada por la formación esta legislatura y que ahora, con la licitación en marcha, es necesario exigir respuestas. «Llevamos tiempo alertando de este problema y ahora que el proyecto empieza a materializarse es más necesario que nunca que el equipo de Gobierno explique qué consecuencias va a tener para Cuenca. No podemos esperar a que las nuevas instalaciones estén funcionando para descubrir cuánto nos va a costar».
Por este motivo, Cuenca en Marcha formulará una pregunta en el próximo Pleno para conocer qué gestiones ha realizado el Ayuntamiento con la Diputación para abordar el impacto económico del traslado, si se han actualizado los estudios sobre el sobrecoste que supondrá para el servicio municipal de recogida de residuos y cómo se prevé financiar ese incremento.
«Queremos saber si el Ayuntamiento mantiene la estimación de casi 1,7 millones de euros anuales, cómo se va a financiar ese incremento y qué garantías existen de que no termine repercutiendo en las arcas municipales o en la tasa de basuras que pagan los vecinos y vecinas», señala García.
La formación considera especialmente preocupante que se pretenda solucionar los problemas de malos olores que afectan a la estación del AVE sin abordar de manera transparente el impacto económico que tendrá alejar las instalaciones de tratamiento de residuos de la ciudad.
«Los problemas de olores de la estación son reales y deben solucionarse, pero no podemos aceptar que la solución consista en trasladar los costes a la ciudadanía. Los conquenses no tienen por qué pagar más por la recogida de basuras como consecuencia de una decisión que debe analizarse también desde el punto de vista económico», añade el concejal.
Desde CeM recuerdan también que el Ayuntamiento llegó a plantear alternativas al traslado integral de las instalaciones, entre ellas la posibilidad de modernizar la planta actual y prolongar su vida útil mediante las inversiones necesarias.
«Nos parece adecuada la alternativa que planteó en su momento el Ayuntamiento de modernizar las instalaciones actuales. Lo que cuestionamos es que se haya optado por una solución sin que se hayan aclarado suficientemente sus consecuencias para un servicio municipal básico», concluye Pablo García.
La formación considera imprescindible que tanto la Diputación como el Ayuntamiento aclaren cómo se va a asumir el sobrecoste derivado del traslado y qué mecanismos se van a establecer para evitar que termine suponiendo un nuevo incremento de la presión fiscal sobre las familias conquenses.

