La Subdelegación del Gobierno en Cuenca ha acogido una reunión urgente para frenar la reciente oleada de asaltos a establecimientos de la capital. En este encuentro, celebrado la semana pasada, han participado la subdelegada del Gobierno, Mari Luz Fernández Marín; el comisario de la Policía Nacional, Francisco Sánchez; y el presidente de la Asociación Provincial del Comercio, José Miguel Bermejo. El objetivo es trazar una estrategia conjunta que ponga fin a los robos que están causando graves perjuicios económicos y paralizando la actividad normal de las tiendas afectadas.

Identificados pero reincidentes
La Policía Nacional ha confirmado que los autores de estos asaltos son individuos ya identificados y sobradamente conocidos por los agentes. Aunque las fuerzas de seguridad mantienen un alto nivel de vigilancia y logran detener a los implicados, el problema radica en la rápida vuelta a las calles de estos delincuentes debido al marco legal actual. A pesar de la alarma social generada entre los vecinos y empresarios, los datos oficiales del Ministerio del Interior reflejan que la criminalidad general en la ciudad ha descendido un 10,5% en el último año.
Archivo y evolución histórica
Al revisar la hemeroteca de liberaldecastilla.com durante el último año, se observa que la preocupación por la seguridad en los locales conquenses ha sido una constante que ha ido mutando. Los reportes han pasado de registrar incidentes aislados de lunas rotas en la zona centro durante la madrugada, a evidenciar un patrón claro de reincidencia. Los comerciantes llevan meses advirtiendo que el verdadero daño no es solo el botín sustraído, sino los destrozos materiales que les impiden abrir sus puertas al día siguiente.
Presión para cambiar la ley
Esta trayectoria explica el paso que acaba de dar la Asociación Provincial del Comercio junto a la patronal CEOE CEPYME Cuenca. Más allá de valorar muy positivamente la rápida y eficaz intervención policial, los empresarios han decidido elevar un escrito formal a la administración competente. Exigen medidas jurídicas rápidas y severas que eviten que los delincuentes reincidentes sigan operando en la ciudad, cerrando así un círculo de reivindicaciones que ha pasado de la queja individual a la presión institucional coordinada.

