La Confederación de Empresarios de Cuenca se suma a la petición de CEOE y CEPYME, señalando que se ha venido aplicando en nuestro país a las empresas que deben hacer este tipo de formación por mandato normativo o de convenio colectivo.
CEOE CEPYME Cuenca solicita que la formación obligatoria para las empresas siga siendo bonificable tal y como han pedido ya tanto CEOE como CEPYME.
La Confederación de Empresarios de Cuenca hace esta reclamación recordando que este sistema de bonificaciones se ha venido aplicando en nuestro país a las empresas que deben hacer este tipo de formación por mandato normativo o de convenio colectivo.
Recuerdan desde CEOE CEPYME Cuenca que esta formación bonificable puede ser tanto transversal, como puede ser de prevención de riesgos laborales, como sectorial, como puede ser soldador o de manipulador de alimentos.
La Confederación de Empresarios de Cuenca denuncia que este cambio de criterio se quiere aplicar en algunos casos con efectivo retroactivo e incluso exigiendo intereses y sanciones, lo que afecta gravemente a la seguridad jurídica de las empresas, en especial a las pymes debido a su pequeño tamaño.
Además, desde CEOE y CEPYME consideran sorprendente que esta medida se realice, precisamente, en el Año Europeo de las Competencias y cuando precisamente España ostenta durante todo el segundo semestre la presidencia del Consejo de la Unión Europea.
Formación admitida
CEOE y CEPYME han recordado que la formación obligatoria para las empresas se ha venido admitiendo tradicionalmente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Servicio Público de Empleo (SEPE), la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y la sala de los Social del Tribunal Supremo.
En este sentido, desde que fue implantado este sistema de ayudas en 2004, se entendía que estas ayudas estaban plenamente incluidas en el sistema de formación para el empleo y reconocidos como tales en los informes jurídicos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de la Fundación.
Por todo ello, las organizaciones empresariales reclaman la adopción de medidas normativas y administrativas urgentes que corrijan esta situación y restablezcan la seguridad jurídica en las empresas.
