La Confederación de Empresarios de Cuenca (CEOE CEPYME Cuenca) ha reclamado a las diferentes administraciones públicas un cambio radical en la forma de legislar para que las normativas se adapten a la realidad de las empresas más pequeñas de la provincia. La patronal conquense alerta de que las pymes y micropymes carecen de estructura interna para asimilar el constante aluvión regulatorio, lo que convierte el cumplimiento normativo en una carga burocrática inasumible para el tejido productivo local.

Desde la organización empresarial advierten de que, a diferencia de las grandes corporaciones, la inmensa mayoría de los negocios conquenses no disponen de departamentos jurídicos o fiscales propios y dependen del asesoramiento de entidades como CEOE CEPYME Cuenca o de gestorías externas, un recurso que resulta insuficiente ante la complejidad técnica de las obligaciones actuales. Por ello, instan a los legisladores a regular con el principio de pensar primero a pequeña escala: una norma concebida para un negocio modesto puede ser cumplida con solvencia por una gran compañía, mientras que trasladar las exigencias de una multinacional al pequeño comercio o taller condena al colapso a la pyme.
CEOE CEPYME Cuenca suscribe de forma expresa las demandas de CEPYME nacional y las valoraciones de su presidenta, Ángela de Miguel, quien recuerda que regular pensando en los grandes conglomerados para luego intentar aplicar parches a los pequeños negocios es un modelo fallido. La patronal española aporta un balance que evidencia la gravedad del problema: el país ha perdido 25.000 microempresas desde la pandemia, un retroceso motivado de forma directa por la maraña burocrática, la presión fiscal y el encarecimiento de los costes laborales.
Este llamamiento incide en una preocupación estructural que en Liberal de Castilla venimos analizando con atención en la provincia de Cuenca, donde el grueso de la actividad económica descansa sobre autónomos y micronegocios con dos o tres trabajadores repartidos en municipios de baja densidad demográfica. La patronal reitera que la supervivencia de este tejido mercantil y su capacidad para retener empleo y población rural dependen de que las leyes se diseñen teniendo en cuenta los recursos reales de la pequeña empresa y no los de los grandes operadores del mercado.

