La Confederación de Empresarios de Cuenca ha lanzado un aviso a sus asociados recordando las estrictas obligaciones que impone la normativa estatal para cualquier empresa que introduzca envases —ya sean domésticos, comerciales o industriales— en el mercado. En el actual contexto de economía circular, las compañías tienen el deber legal de asumir la responsabilidad sobre el ciclo de vida de estos materiales, desde su puesta en circulación hasta su reciclaje.
Hemeroteca
La normativa sobre Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), regulada en España a través del Real Decreto 1055/2022, ha supuesto un cambio de paradigma histórico. Hasta hace pocos años, las empresas solo se preocupaban de gestionar los residuos que generaban directamente en sus instalaciones. Sin embargo, la legislación actual las hace responsables de asegurar y financiar el reciclaje de los envases que venden o distribuyen. A partir del ejercicio 2026, los plazos de control se han endurecido: el Ministerio para la Transición Ecológica (MITERD) exige ahora a todas las empresas reportar anualmente las toneladas y tipos de envases comercializados, fijando en el 31 de marzo la fecha límite para el volcado de estos datos en la plataforma del Estado.
Cierre
Para cumplir con este escenario, CEOE CEPYME Cuenca subraya tres pasos obligatorios que las pymes no pueden eludir. En primer lugar, la empresa debe adherirse a un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), que será el ente encargado de garantizar la recogida y segunda vida del envase. Seguidamente, es obligatoria la inscripción telemática en el Registro de Productores de Producto del MITERD (obteniendo un número de registro que debe figurar en las facturas comerciales ). Finalmente, la empresa deberá realizar una doble declaración anual (al SCRAP antes de finales de febrero y al Ministerio en marzo ) informando del tonelaje y tipología de los envases comercializados, métrica que determinará la aportación económica correspondiente. La patronal conquense incide en que, lejos de ser un mero trámite burocrático, esta adaptación a la economía circular —junto con la reducción de la huella de carbono y el residuo cero— representa ya un factor clave de competitividad y ahorro para las empresas locales.
