El vicepresidente primero el Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha replicado hoy a los líderes del partido independentista ‘Junts Per Cataluña’ que el modelo que defiende el Ejecutivo castellanomanchego para la nueva financiación autonómica se fundamenta en la igualdad entre todos los españoles, “que los habitantes más pequeños del Pirineo de Lleida tengan derecho a unos buenos servicios públicos, pero también los habitantes de la Sierra de Cuenca o de Jaén”.
Un planteamiento que, ha insistido, es totalmente opuesto a lo que buscan los independentistas “que no quieren la igualdad, sino tener más que los demás, y eso no se lo vamos a consentir”, toda vez que ha reiterado que los impuestos que se recaudan en España son de los españoles, no de los territorios.
Por ello, ha rechazado el pacto entre el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y Esquerra Republicana (ERC) para una financiación singular para Cataluña señalando que no puede ser el punto de partida para el nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas.
200 asuntos pendientes
El de la financiación fue uno de los temas principales que se trató en este encuentro celebrado ayer en Moncloa al que se sumaron además otros temas importantes para la región como es el agua. De hecho, en el documento con los cerca de 200 asuntos pendientes que el presidente de Castilla-La Mancha le dejó a Pedro Sánchez, hay un apartado sobre agua en el que se incluye el Pacto del Agua alcanzado en la región y el cambio en las reglas del trasvase, que suponen en sí mismas “derogar el memorándum del Tajo que apoyó Cospedal”, ha indicado el vicepresidente primero.
Finalmente, ha rechazado las críticas del PP de Castilla-La Mancha tras la reunión del jefe del Ejecutivo Autonómico, Emiliano García-Page, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y les recuerda que cuando gobernaron la región “nunca defendieron los intereses de Castilla-La Mancha por encima de los intereses de su partido”.
Dos horas de reunión en las que se abordaron otras reivindicaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha en materia de energía, pero también de infraestructuras tanto de alta velocidad como carreteras.
