El Gobierno de Castilla-La Mancha recurrirá a los tribunales cualquier envío de agua hacia Murcia o el Levante que supere el plazo legal de tres meses contemplado para la reparación de las averías en el Acueducto Tajo-Segura. La administración autonómica ha fijado el próximo 31 de diciembre de 2026 como la fecha límite e improrrogable para transferir los caudales pendientes del año hidrológico.
Así lo ha anunciado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras la reunión del Consejo de Gobierno, remarcando que el Ejecutivo regional no tolerará que una circunstancia técnica excepcional se transforme en una vía abierta para trasladar recursos hídricos fuera de los límites temporales que marca la legislación.
Casi 125 hectómetros cúbicos pendientes y límite normativo
Actualmente se encuentran pendientes de derivación 97,94 hectómetros cúbicos autorizados con anterioridad, a los que se suman otros 27 hectómetros cúbicos previstos por la Comisión de Explotación del Trasvase.
Gómez ha recordado que la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015 solo permite bombear volúmenes demorados durante los tres meses inmediatamente posteriores al cierre del ejercicio hidrológico. Según el criterio de los servicios jurídicos autonómicos, cualquier intento de trasladar ese agua a partir de 2027 vulneraría de forma directa la normativa estatal.
Reservas en la cuenca del Segura y litigio en la Audiencia Nacional
El Ejecutivo autonómico ha calificado de «caótica» la gestión del canal y ha afeado las peticiones de los gobiernos de Murcia y la Comunidad Valenciana para acelerar los bombeos, recordando que la cuenca del Segura dispone actualmente de mayores reservas almacenadas que los propios embalses de la cuenca cedente del Tajo.
La consejera ha subrayado que en el ciclo recién concluido se trasvasaron casi 600 hectómetros cúbicos —frente a la media habitual de 350—, por lo que descarta problemas para el consumo humano. Ante la falta de respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica a las alegaciones regionales, la Junta mantendrá activo su recurso ante la Audiencia Nacional por el incumplimiento en la revisión de las reglas de explotación.
