El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección del Agua de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha presentado un centenar de aportaciones a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes (EpTIs) del cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033) de las siete demarcaciones hidrográficas que discurren por la región: Tajo, Segura, Júcar, Guadiana, Guadalquivir, Duero y Ebro; siguiendo los principios recogidos en el ‘Acuerdo de Posición Común en Materia de Agua de Castilla-La Mancha’.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha destacado, una vez registrados hoy los documentos dentro del plazo de información pública establecido por las confederaciones hidrográficas, que “ha sido un verdadero trabajo colaborativo de muchas personas y colectivos relacionados con el agua y creo que hemos conseguido realizar una buena propuesta con los asuntos más importantes para Castilla-La Mancha de cada demarcación”, a lo que ha añadido que “el resultado son unos documentos muy valiosos, tanto desde el punto de vista del análisis como de las propuestas que incorpora”.
Al respecto, la consejera ha recordado las cerca de 200 propuestas que han realizado los 71 participantes en las mesas de trabajo sobre planificación, formadas al efecto en cada una de las provincias, cuyo documento de conclusiones se presentó la semana pasada en el Consejo del Agua de Castilla-La Mancha. “Es también el reflejo del trabajo, del diálogo, del aprendizaje compartido y de la capacidad de cada persona y entidad para aportar sus conocimientos y experiencia con un objetivo común, como es mejorar la gestión y el futuro hídrico de nuestra región”, ha afirmado Mercedes Gómez.
Las propuestas se distribuyen entre las distintas cuencas hidrográficas con un enfoque común, basado en los principios recogidos en el Pacto Regional del Agua, pero adaptado a las problemáticas específicas de cada territorio. De hecho, según ha informado la consejera, la mayor parte de las propuestas se recogen en las demarcaciones del Guadiana, con 30; el Tajo, con 22; y el Júcar y Segura, con 18.
Medidas del Plan Especial del Alto Guadiana y alternativas a la recarga de acuíferos
En el caso de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha planteado la necesidad de prorrogar las medidas contempladas en el Plan Especial del Alto Guadiana y la necesaria prórroga de las concesiones que se otorgaron, gestión de acuíferos, flexibilización ambiental y desarrollo de recursos alternativos. En paralelo, se propone incrementar los recursos disponibles mediante actuaciones como la recarga artificial de acuíferos, el uso de aguas regeneradas y el desarrollo de infraestructuras, frente a un enfoque limitado a la reducción de la demanda.
Las alegaciones de Castilla-La Mancha a la demarcación del Guadiana, ha indicado Gómez, “se centran en la necesidad de avanzar hacia un modelo de gestión del agua más equilibrado y adaptado a la realidad del territorio, con especial atención a las aguas subterráneas y al impacto socioeconómico de las medidas previstas”. De hecho, las alegaciones subrayan además la importancia del regadío como elemento esencial para el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación, reclamando mecanismos que permitan su adaptación progresiva.
Caudales ecológicos, calidad del agua y prioridad de cuenca cedente en el Tajo
Por lo que respecta al Tajo, la titular de Desarrollo Sostenible ha asegurado que el Gobierno regional ha hecho especial incidencia en la revisión del modelo de gestión del trasvase Tajo-Segura, mejora de la calidad del agua, refuerzo de caudales ecológicos y adaptación normativa al medio rural. Las alegaciones de Castilla-La Mancha a la Demarcación Hidrográfica del Tajo se centran en la necesidad de reforzar el rigor técnico, la protección ambiental y la priorización de los intereses de la propia cuenca frente a presiones externas.
En primer lugar, ha precisado, se cuestiona la interpretación de los problemas de calidad del agua, por lo que “reclamamos que se otorgue mayor peso a los grandes focos de contaminación, especialmente los vertidos de grandes áreas urbanas como Madrid, frente a la atención desproporcionada a pequeños municipios”.
Asimismo, desde Castilla-La Mancha se insiste en que el trasvase Tajo-Segura debe analizarse de forma transversal en todos los temas importantes, evaluando con detalle su impacto real sobre caudales, calidad del agua, acuíferos y ecosistemas, “y no limitarlo a un tratamiento aislado, proponiendo además una revisión de sus reglas de explotación que garanticen el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos establecidos”, ha remarcado Gómez.
Por otra parte, las alegaciones del Júcar están orientadas a reforzar el control de recursos hídricos y garantizar un reparto equilibrado dentro de la cuenca, revisión de transferencias y mejora del equilibrio interno de la cuenca. En este sentido, se reclama una mayor claridad en los balances hídricos y una definición rigurosa de los excedentes disponibles, evitando compromisos de trasvases, especialmente del Júcar-Vinalopó, sin una base técnica que garantice su viabilidad real, subrayando la necesidad de proteger los intereses de los territorios cedentes.
Un reparto más equilibrado de los recursos dentro de la demarcación del Segura
Las alegaciones a la demarcación del Segura se centran en abordar de manera prioritaria la sobreexplotación de las aguas subterráneas y el fuerte impacto socioeconómico que las medidas previstas pueden generar en las zonas de interior, especialmente en el sureste de la provincia de Albacete.
En este sentido, se critica que el Esquema de Temas Importantes identifique este problema como uno de los principales de la cuenca sin plantear soluciones concretas y se insiste en la necesidad de un reparto más equilibrado de los recursos dentro de la demarcación, evitando que las zonas de interior, sin acceso a desalación ni grandes inversiones, soporten en solitario las restricciones, y proponiendo compensaciones y prioridad en el acceso a nuevos recursos generados. En relación con los trasvases, se rechaza la consideración automática de volúmenes disponibles, como en el caso del Júcar-Vinalopó, sin una determinación anual real de excedentes.
Para el Guadalquivir, se centran en adaptar la planificación hidrológica a la realidad del medio rural, mejorar la garantía de abastecimiento y reforzar la calidad del agua desde un enfoque más realista y equilibrado, por lo que se propone establecer requisitos de depuración diferenciados para pequeños municipios, evitando la aplicación homogénea de exigencias que resultan económicamente inasumibles para poblaciones con escasos recursos. A esto se suma la necesidad, además, de poner en marcha actuaciones estratégicas de regulación pendientes.
Por último, en el Ebro las propuestas están centradas en gestión de recursos, calidad del agua y necesidades territoriales, mientras que en la Demarcación del Duero se propone una medida concreta de actuaciones de restauración hidrológico-forestal como herramienta clave para la gestión del ciclo hidrológico.
