El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al nuevo reglamento de caza a escasas fechas del inicio general de la temporada cinegética. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, presentó este marco normativo destinado a compatibilizar el aprovechamiento del monte con la preservación de los ecosistemas, simplificando la gestión ordinaria de los acotados y reforzando los mecanismos de administración electrónica. La actividad genera en la región un volumen de negocio anual superior a los 963 millones de euros —equivalente al 2,1 por ciento del producto interior bruto autonómico— y sostiene más de 21.000 puestos de trabajo en el medio rural.
Solución a las parcelas sin dueño y trámites inmediatos
El texto resuelve una traba administrativa habitual en los campos de la comunidad al regular la incorporación a los cotos de aquellas fincas cuyos titulares resultan desconocidos o inlocalizables, garantizando sus derechos patrimoniales mediante anuncios oficiales en los ayuntamientos, el Boletín Oficial del Estado y el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Asimismo, la acreditación de derechos cinegéticos para actualizar los planes de ordenación se agiliza a través de declaraciones responsables, mientras que las entidades formadoras entregarán los carnés de cazador al término de los cursos para eliminar meses de espera postal. La normativa añade pautas de trazabilidad sobre las piezas abatidas y fija las obligaciones de los titulares ante la sobreabundancia de animales para prevenir siniestros en carretera, riesgos sanitarios y daños sobre las siembras.
Protección estricta para la alondra ricotí
En materia de conservación de la biodiversidad, el Ejecutivo aprobó paralelamente el plan de recuperación de la alondra ricotí, catalogando formalmente a esta ave esteparia en peligro de extinción dentro del registro autonómico de especies amenazadas. La medida conlleva la declaración de zonas sensibles en aquellas áreas críticas que resultan determinantes para la viabilidad de sus poblaciones reproductoras, blindando sus ecosistemas frente a presiones y alteraciones del suelo.
Equilibrio agrario y custodia ambiental
La entrada en vigor de este reglamento culmina el despliegue del Pacto por la Caza, que alcanza un grado de cumplimiento del 80 por ciento tras la gratuidad de licencias autonómicas y la ampliación de cupos extraordinarios. En comarcas como La Mancha conquense y la Campiña de Guadalajara, donde decenas de municipios permanecen sujetos a declaraciones de emergencia cinegética por daños de conejo y jabalí en cultivos, la norma aporta una herramienta ejecutiva para actuar en terrenos no cinegéticos cuando los planes ordinarios no contengan la sobrepoblación. Por su parte, la protección reforzada de la alondra ricotí consolida la salvaguarda de enclaves de alto valor como las parameras de Maranchón, Turmiel o el Señorío de Molina, garantizando la compatibilidad entre la actividad tradicional de los pueblos y la custodia de la fauna silvestre.
