El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado este jueves, 15 de octubre de 2026, el trámite de información pública del borrador de decreto que regulará el retorno del 25% del canon de la Directiva Marco del Agua (DMA) a los ayuntamientos de la región. La resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), fija un plazo de 20 días hábiles para que particulares e instituciones presenten alegaciones al texto que creará el Fondo de Inversiones en Infraestructuras del Ciclo Integral del Agua, en desarrollo de la Ley 2/2022 de Aguas de Castilla-La Mancha.
El futuro decreto beneficiará de forma directa a las entidades locales, prestando especial atención a las localidades con menor población y recursos técnicos. El documento normativo recoge que los municipios de menos de 5.000 habitantes contarán con un suelo de asignación mínima garantizada de 4.000 euros anuales cuando la cantidad recaudada por el canon que les corresponda no alcance dicho umbral. Al tratarse de un gravamen con carácter finalista, los fondos deberán destinarse íntegramente a obras de captación, transporte, depósitos, modernización de redes de distribución y saneamiento, depuradoras y actuaciones para reducir pérdidas de agua, bajo la supervisión de la Dirección General del Agua.
El despliegue de este fondo autonómico culmina el recorrido de la Ley de Aguas aprobada en 2022, un texto que introdujo este tributo ambiental de origen comunitario en el ordenamiento regional tras años de suspensiones y debate político sobre su repercusión económica en los pueblos. Con la fijación de este retorno directo del 25% y la garantía de una partida mínima para los núcleos rurales de menor escala, la administración regional consolida el circuito de reinversión para que los ayuntamientos aborden la renovación de infraestructuras hidráulicas sin depender únicamente de sus recursos municipales.
