El sindicato docente ANPE Castilla-La Mancha ha reclamado una intervención firme a la Consejería de Educación y al Gobierno regional ante la proliferación de episodios de acoso digital conocidos como «curis». Estas prácticas, detectadas en diversos institutos de la comunidad autónoma, consisten en la difusión de cuentas y contenidos en redes sociales que incorporan grabaciones sin consentimiento, mofas, hostigamiento, suplantación de identidad y el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA) contra el profesorado.
Hostigamiento en redes y uso ilícito de la inteligencia artificial
La organización sindical ha advertido de que estas conductas no pueden normalizarse ni justificarse como meras bromas juveniles, incidiendo en el severo impacto emocional y el deterioro de la salud mental que provocan en los profesionales afectados.
A través de su servicio del Defensor del Profesor, la central ya dio la voz de alarma a inicios del presente curso lectivo sobre la utilización inadecuada de la IA para señalar, menospreciar y humillar a los enseñantes, situación que motivó la puesta en marcha de una campaña de concienciación sobre el uso responsable de la tecnología en centros de enseñanzas medias. Por ello, ANPE subraya la necesidad de actuar con rigor y garantías procesales, remarcando que la legítima protección jurídica del menor no debe derivar en impunidad ante comportamientos susceptibles de constituir infracciones ilícitas.
Regulación específica, apoyo legal e intervención policial
Ante la gravedad de los hechos, ANPE Castilla-La Mancha ha solicitado a la Administración educativa un plan de choque articulado en torno a cuatro medidas principales:
Marco normativo: Creación de una regulación específica de actuación para hacer frente al ciberacoso, la suplantación identitaria y la propagación de material difamatorio hacia los docentes.
Cobertura integral: Asistencia jurídica y atención psicológica continuada a los docentes perjudicados durante todo el proceso.
Retirada de contenidos y persecución policial: Intervención coordinada entre la inspección educativa, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Policía Nacional y la Guardia Civil para asegurar las pruebas pertinentes, investigar las infracciones y exigir el borrado urgente del material en las plataformas digitales.
Sensibilización: Campañas de alfabetización digital y respeto a la función docente orientadas tanto al alumnado como a las familias.
El sindicato ha reiterado su compromiso de respaldo a los profesionales afectados mediante los recursos de acompañamiento del Defensor del Profesor, apelando a la implicación de toda la comunidad educativa para erradicar estas prácticas de las aulas y del entorno digital.
