La presidenta de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, AMFAR, Lola Merino, ha asistido hoy en Madrid al segundo encuentro del Grupo de Trabajo creado en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el objetivo de contribuir a la mejora en la prevención, sensibilización y atención a las mujeres víctimas de violencia de género y sus menores.
En esta ocasión, AMFAR ha propuesto, entre otras medidas, la implicación de las ONG’s como agentes intermediadores contra la violencia de género en el ámbito rural.
Merino ha explicado que la función de las asociaciones de mujeres resulta “fundamental” para prevenir la violencia de género para lo que es necesario proporcionar encuentros entre instituciones y ONG’s para conocer el mapa actualizado de los recursos disponibles, impulsar el trabajo en red y priorizar las campañas de sensibilización en los centros de enseñanza, ha explicado.
La presidenta de AMFAR también ha lamentado el nuevo caso de violencia de género que se ha dado a conocer precisamente hoy, en el que una mujer de 44 años y su hijo menor de 12 han sido presuntamente asesinados en Alcobendas (Madrid) a manos de la pareja de ella, un hombre que busca la Policía Nacional después de que él mismo avisase a un familiar de que los había matado y se diese a la fuga.
En este sentido, Merino ha vuelto a recordar que estamos asistiendo a un 2017 que se presenta como uno de los peores en cifras de víctimas mortales de los últimos años. En lo que llevamos de año han sido asesinadas 22 mujeres y cuatro niños, resaltando que «hay que prestar una especial atención a la violencia de género en el ámbito rural, ya que 13 de las 22 víctimas residían en el ámbito rural, lo que representa el 59% del total», resalta Merino.
Para la presidenta nacional de AMFAR, el elevado porcentaje de víctimas por violencia de género que residen en el ámbito rural “hace imprescindible” que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género centre su atención en medidas a desarrollar para prevenir y solventar cuanto antes esta lacra social a través de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer.
Un documento que recoge que, casi el 17% del total de mujeres que declaran haber sufrido maltrato, residen en zonas rurales españolas. Además de asegurar que la residencia en municipios rurales condiciona la denuncia de la violencia hasta el punto de hacerla casi inexistente.
La reunión celebrada hoy en Madrid ha abordado las aportaciones realizadas por ministerios, Comunidades Autónomas y asociaciones de mujeres para mejorar la respuesta institucional, coordinación y trabajo en red en materia de la violencia contra la mujer.
