AIKE ya se había preocupado por la gestión del recurso al inicio de la nueva adjudicación, en enero de 2025, en la Junta de Gobierno Local y en el último pleno municipal, hoy ha denunciado los graves incumplimientos del contrato que se llevan produciendo desde hace meses en la gestión del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género en Guadalajara. Este centro se encuentra dentro de la red de recursos de protección a las mujeres del Instituto de la Mujer de Castilla- La Mancha, y está gestionado por el Ayuntamiento de Guadalajara. Es uno de los más grandes de la región, con capacidad para once mujeres y sus hijos e hijas, cinco de atención urgente y seis de media y larga estancia. El contrato tiene un importe total de 936.000 euros, al inicio de este año se adjudicó a ALVALOP Servicios XXI S.L por dos años, una empresa sin ninguna experiencia en el sector, con múltiples denuncias, impagos de nónimas e implicada en la Operación Qatedra por presuntos fraudes en las subvenciones para la formación.
En rueda de prensa, la concejala Susana Martínez, ha detallado el estado en el que actualmente se encuentra el servicio. Por un lado, la situación de trabajadoras al no cubrirse las bajas, lo que ha supuesto estar sin coordinación o actualmente sin psicóloga y las dificultades para cubrir los turnos de un servicio ininterrumpido de 24 horas, a lo que hay que sumar el retraso reiterado en el pago de las nóminas. Por otro lado, existen problemas para la manutención de las mujeres y menores residentes, que están racionando la comida para llegar a fin de mes, no pueden comprar material escolar para empezar el curso o productos de higiene básicos. Además se suman problemas de mantenimiento del espacio: electrodomésticos estropeados, sin lavadora en un centro con 11 familias, escasez de menaje, humedades, persianas y ventanas rotas. A lo largo de estos meses han tenido problemas para afrontar traslados de urgencia de mujeres, recordaba la concejala la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y la necesidad de alejarse de sus maltratadores. También ha habido problemas con las ayudas de autonomía, imprescindibles para las mujeres que salen del centro puedan ayudar a iniciar una vida independiente.
“Recordemos que son mujeres y menores que han huido de situaciones de violencia muy complejas, las instituciones deben garantizar una atención digna, que tengan sus necesidades básicas cubiertas, se sientan seguras, protegidas y cuidadas”, ha subrayado Martínez.
Desde AIKE piden al equipo de Gobierno de Ana Guarinos, al Partido Popular y VOX, que actúen ante estos graves incumplimientos recogidos en los informes que las trabajadoras han trasladado al Ayuntamiento, las comunicaciones a la empresa, las quejas de las usuarias e incluso en el acta de la Comisión Mixta de Seguimiento celebrada el pasado mes de mayo.
Es responsabilidad del Ayuntamiento garantizar el cumplimiento del contrato y ofrecer a las mujeres y los menores un servicio digno, exigiendo a la empresa el cumplimiento de los pliegos de prescripciones técnicas a través de los requerimientos y las sanciones oportunas. Tras meses de irregularidades la única medida que se ha tomado el concejal de Igualdad, Roberto Narro, ha sido solicitar a la empresa el pago de los suministros que debía al Ayuntamiento, pero ninguna relacionada con la mejora la situación laboral de las trabajadoras o las condiciones en las que se está prestando el servicio.
En la reclamación de una de las usuarias se solicitaban más recursos para el centro, “porque en este momento es nuestro hogar”. Efectivamente, concluía Susana Martínez, “es un recurso de urgencia, el único que tienen, si no se garantiza seguridad, cuidado y apoyo para las mujeres y sus hijos se quedan en la más absoluta desprotección y desamparo”.
