La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado un recurso ante el Tribunal de Instancia de Guadalajara solicitando la retirada cautelarísima de la exposición “Alonso Cano. Like a Virgin”, inaugurada el pasado 7 de mayo en el Museo de Guadalajara, ubicado en el Palacio del Infantado.
Las medidas cautelarísimas solicitadas por Abogados Cristianos se enmarcan dentro de un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, organismo que autorizó la exposición y del que depende directamente el Museo Provincial de Guadalajara, donde actualmente se exhibe.
Además, la organización ha interpuesto una denuncia penal contra el autor de la exposición por un presunto delito de escarnio contra los sentimientos religiosos (art. 525 del Código Penal).
La muestra, organizada conjuntamente por el Museo Provincial de Guadalajara y la Escuela de Arte Elena de la Cruz Martín —dependientes ambos de la Junta de Castilla-La Mancha— toma como eje central la obra sacra “Virgen de la Leche” de Alonso Cano y la tergiversa mediante fotografías y montajes visuales. La exposición incluye representaciones blasfemas de la figura de la Virgen María mediante corsés, cuero, lencería erótico-fetichista y travestismo.
Abogados Cristianos considera que la exposición “desnaturaliza deliberadamente” el significado espiritual y sagrado de la iconografía mariana, convirtiendo símbolos centrales del cristianismo en elementos de provocación ideológica y sexual. Señala además, que el hecho de que la exposición se desarrolle dentro de un museo público y cuente con financiación y respaldo institucional agrava todavía más la situación.
La organización solicita la retirada inmediata de las obras al considerar que mantener abierta la exposición provoca un daño irreparable a la libertad religiosa y a los sentimientos religiosos de millones de católicos.
La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que: “No todo vale en nombre del arte. Utilizar imágenes sagradas de la Virgen para convertirlas en objetos de provocación ideológica y sexual es una humillación intolerable para millones de cristianos. Es vergonzoso que las administraciones públicas financien y promuevan ataques contra la fe católica con dinero de todos los españoles”.
