Los agricultores de las comarcas de la Alcarria y la Sierra Conquense reclaman a la Consejería de Desarrollo Sostenible una mayor flexibilidad en la aplicación del Índice de Propagación de Incendios (IPP). Los profesionales del sector agrario denuncian que las restricciones actuales por riesgo extremo amenazan la viabilidad de la recolección estival. Su principal petición pasa por adaptar la normativa a las condiciones meteorológicas reales del terreno y aumentar los medios humanos para que la prevención del fuego no paralice su actividad económica.
Las limitaciones vigentes exigen que, durante los episodios de riesgo extremo, los agricultores cuenten con un vehículo de apoyo equipado con un depósito de agua de al menos 400 litros y una manguera de 50 metros. Esta medida supone una carga logística inasumible para muchas explotaciones familiares y pequeños productores de la zona. Además, el sector critica que los niveles máximos de alerta se mantienen de forma automática incluso en jornadas donde se registran precipitaciones abundantes, lo que demuestra una desconexión con la realidad del campo.
Ante esta situación, los profesionales advierten que retrasar las labores cuando el grano ha alcanzado su maduración óptima expone las cosechas a pérdidas irreversibles por tormentas o granizo. Estos daños dejan a las explotaciones en una situación de gran vulnerabilidad, ya que los seguros agrarios no cubren la totalidad de los perjuicios económicos. Para compatibilizar el trabajo y la seguridad natural, los agricultores proponen tres medidas urgentes:
Reorganización de los retenes de bomberos forestales desde otras áreas hacia la Alcarria y la Sierra de Cuenca durante los picos de recolección.
Contratación de personal desempleado durante los meses de verano para realizar labores de vigilancia junto a las cosechadoras.
Apertura de un diálogo directo con las consejerías de Agricultura y Desarrollo Sostenible de cara a planificar las próximas campañas.
El archivo de Liberal de Castilla: un conflicto recurrente
La hemeroteca de Liberal de Castilla documenta que la fricción entre la normativa contra incendios y las campañas de siega es una constante cada verano en la región. Durante los últimos años, la aplicación estricta del Índice de Propagación de Incendios en Castilla-La Mancha ha generado protestas periódicas del sector primario. En temporadas anteriores, el debate ya giró en torno a la necesidad de calcular el IPP a nivel estrictamente comarcal o local, para evitar que una ola de calor genérica paralizara las máquinas en territorios con condiciones térmicas y de humedad muy distintas.
La exigencia del depósito de 400 litros y la presencia de retén de apoyo ha sido el punto de fricción más recurrente desde que se endurecieron las medidas preventivas forestales. La historia del sector agrario regional refleja un ciclo donde la Administración busca reducir el riesgo a cero en el monte, mientras que los trabajadores del campo demandan que se confíe en su experiencia. Históricamente, los agricultores han argumentado que son los primeros custodios del entorno rural y los principales perjudicados si el fuego arrasa su medio de vida.
El reto de integrar la realidad rural
La actual reivindicación de la Alcarria y la Sierra Conquense demuestra que la normativa preventiva todavía no ha encontrado un equilibrio con la realidad productiva de los municipios. El problema de fondo reside en intentar legislar el entorno rural mediante automatismos que no diferencian si un terreno acaba de recibir lluvia o si una familia tiene la capacidad económica para asumir los costes de la prevención impuesta.
Esta falta de adaptación empuja a los productores a solicitar un modelo basado en el refuerzo de medios sobre el terreno en lugar de la prohibición directa. Las futuras reuniones solicitadas con la Junta de Comunidades serán determinantes para observar si el Ejecutivo autonómico accede a gestionar los recursos de extinción de forma estratégica. Solo mediante una evaluación precisa y local del riesgo se podrá garantizar la supervivencia económica de los agricultores de Cuenca y Guadalajara sin comprometer la protección del medio natural.
