Estamos dentro del plazo concedido por el Ayuntamiento de Cuenca para presentar alegaciones al Convenio entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Cuenca y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para desmantelar la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia.
El Convenio no habla de desmantelar, sino que afirma que es para llevar a cabo “la actuación estratégica para la integración de los terrenos ocupados por la infraestructura ferroviaria (privatización) y la integración urbana de los suelos ferroviarios desafectados” (especulación). Pero lo que realmente pretende es la destrucción del ferrocarril.
En el escrito de alegaciones manifiesto mi oposición a que se apruebe el Convenio para desmantelar el tren porque todavía están pendientes de resolución distintos recursos. En primer lugar, el presentado ante el Tribunal Supremo por Ecologistas en Acción, Izquierda Unida y el sindicato Comisiones Obreras, el 11 de diciembre del año 2023, contra el decreto de clausura del tren que habilita a ADIF para financiar las actuaciones previstas en el Protocolo firmado con la Junta, Diputación y Ayuntamiento de Cuenca.
Si el Tribunal Supremo anulara el decreto de clausura y ADIF hubiera financiado actuaciones (la empresa pública no haría nada) podría provocar una inversión irresponsable excesiva. Por lo tanto, en una administración moderna y bien ordenada lo que procede es actuar con cautela en el marco del Estado de Derecho y, en consecuencia, ADIF no debería estar habilitado para financiar hasta que dictara sentencia el Tribunal Supremo.
Hay que extremar la cautela, además, porque el Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver el recurso de amparo que presentaron en febrero del año 2025 diez ayuntamientos afectados por el cierre de la línea de tren Madrid-Cuenca-Valencia; y también está pendiente de resolución la denuncia que en agosto del 2025, presentaron los Ayuntamientos de Huete, Carboneras de Guadazaón, Víllora y Camporrobles contra el Gobierno de España, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por vulnerar el derecho que tiene toda persona a que su causa sea oída equitativamente, dentro de un plazo razonable y por un tribunal independiente e imparcial.
De otra parte, me opongo a la propuesta de Convenio alegando la vulneración de normas constitucionales por parte del Ministerio de transportes, ADIF y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Lo hicieron cuando despreciaron el Estado de Derecho y la Democracia no respondiendo a los ayuntamientos y arremetiendo contra la participación de cerca de veinte municipios que en los plenos habían solicitado unánimemente la renovación y mejora de la línea.
También argumento mi oposición alegando que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la Estrategia regional frente a la despoblación, publicada en noviembre de 2020, mencionaba entre las medidas a adoptar la modernización del ferrocarril. Sin embargo, yendo en contra de sus propios actos, asumió el informe elaborado por la empresa pública Ingeniería y Economía del Transporte (INECO) para desmantelar la línea, desdeñando el interés expresado por los ayuntamientos.
Por último, incluyo en mis alegaciones razones de limpieza democrática. Las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han puesto de relieve la gestión presuntamente delictiva del ministerio de transportes y la empresa pública ADIF durante los años en los que se promueve el cierre de la línea y se firma el Convenio XCuenca.
Tanto el exministro José Luis Ábalos como la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera han sido denunciados por presuntas actuaciones ilegales en el ejercicio de su función y están imputados por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. A la vista de las acciones delictivas reveladas por la UCO, que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación y el Ayuntamiento de Cuenca sean cómplices y colaboren con una gestión presuntamente delictiva del ministerio y la empresa pública ADIF degrada y envilece las instituciones regionales induciendo a estremecedoras sospechas.
Por los argumentos expresados me manifiesto en contra del Convenio propuesto por el Ayuntamiento, para que se lleven a cabo las actuaciones estratégicas para la integración de los terrenos ocupados por la infraestructura ferroviaria y la integración urbana de los suelos ferroviarios desafectados. Razones de justicia y de cultura cívica democrática, hacen aconsejable que los poderes públicos de Castilla-La Mancha en una situación tan desoladora paralicen el Convenio acordado con el Ministerio y ADIF cuyas presuntas actuaciones ilegales en el ejercicio de su función son tan evidentes.
Opinión de Fernando Casas Mínguez
