El presidente de Castilla-La Mancha ha salido en defensa de los cargos socialistas a los que el PP señala de manera continua, porque sus nombres aparecen en la investigación de la trama de mascarillas del “caso Koldo”. Al mismo tiempo, manifestó que estaba en “situación de zozobra”, porque “en el entorno de los políticos a veces crecen alimañas que hacen mucho daño», como si Koldo les fuera ajeno.
El que fue asesor del ministro de Transportes, consejero de RENFE y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado, desde el 13 de junio de 2018 hasta el 11 de julio de 2021, era un cargo político importante, no un ´entorno`.
Durante el confinamiento, Koldo actuó para que el organismo público Puertos del Estado -del que era vocal-, adjudicara a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L un contrato para la compra de mascarillas por valor de 24,2 millones de euros (21 de marzo de 2020); seis días después, la presidenta de Adif compró a la misma empresa mascarillas para los trabajadores, por valor de 12,5 millones de euros.
Ambas adjudicaciones, ponen de relieve que Koldo tenía poder suficiente para que las empresas públicas del Ministerio, Renfe y Adif, invirtieran más de 36,7 millones en una semana, por el procedimiento de extrema necesidad impuesto por la pandemia, es decir, sin publicidad y con urgencia.
En esta denigrante historia de corrupción, quienes sienten zozobra son las personas de los pueblos por donde discurre el tren regional Aranjuez-Cuenca-Valencia, perjudicadas por los abusos de poder y las actuaciones culposas del Ministerio de Transportes durante esos años.
Es una vergüenza, que se designen como empleados en el Ministerio de transportes, a personas con escaso sentido de lo público, y se les confiera poder para gestionar la supresión del tren que comunica los núcleos rurales con la primera y tercera ciudad de España, cuando lo único que les preocupa es el enriquecimiento privado, cobrando comisiones irregulares con la venta de mascarillas en el peor momento de la pandemia.
Constituye una afrenta al sistema democrático, atribuir a individuos con escasa preparación y desmesurado afán de lucro, competencias para imponer por decreto el desmantelamiento de una línea férrea de gran valor patrimonial, cultural y económico, favoreciendo pelotazos urbanísticos en los terrenos del ferrocarril.
Por lo tanto, a la vista de los irregulares procedimientos seguidos por el anterior Ministerio, Renfe y Adif, y la querella por tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, la ciudadanía y los alcaldes de los pueblos recurrentes tienen motivos suficientes para exigir al Ministerio de Transportes y movilidad que revierta la decisión adoptada y proceda a la revisión de las actuaciones seguidas, durante los años en que se decidió clausurar la línea férrea.
Opinión de Fernando Casas Mínguez.
