Yolanda Ramírez aboga por la defensa y mantenimiento de `nuestro sistema público de pensiones´

Hoy, junto al desempleo, el futuro de las pensiones es, casi con toda seguridad, una de las principales preocupaciones de los españoles.

Esto se lo debemos, a mi juicio, a dos factores, uno de ellos el que desde la oposición y desde algunos círculos mediáticos se esté constantemente poniendo en cuestión el sistema como una forma de erosionar al actual ejecutivo. El otro factor es atribuible al propio Gobierno por su ambigüedad  a la hora de dar respuesta a esos planteamientos, así como por no poner sobre la mesa los problemas reales del sistema y poner a trabajar a la Comisión del Pacto de Toledo para hacer que entre todos se establezca un cuadro de propuestas concretas, realistas y socialmente asumibles, que garanticen tanto el futuro inmediato como a largo plazo de nuestro sistema público de pensiones.

Este tema, el de las pensiones, como el de la sanidad, el futuro del agua o la educación, son temas de Estado que debieran estar por encima de las banderías e intereses puramente partidistas, independientemente de que cada partido traslade a los ciudadanos sus diagnósticos, planteamientos y propuestas de solución, para que los ciudadanos apoyemos aquellas que nos parezcan más realistas y socialmente beneficiosas, sin espejismos, pero socialmente viables para hacer posible una sociedad equilibrada y socialmente solvente que es, en definitiva, la mejor alternativa para todos.

Considero, además, que la solución al futuro de las pensiones tiene que ser afrontado y resuelto por equipos multidisciplinares y especializados en cada materia, en el sentido de que afecta a la economía en su conjunto, tanto al crecimiento económico, como al sistema fiscal, pero también al empleo y a los salarios, así como al consumo, especialmente al de futuro muy condicionado por el importe y peso de las pensiones en el global de la economía; pero igualmente afecta a la demografía, que incide tanto a la natalidad como a la esperanza de vida, y todo ello con importantes aportaciones estadísticas y actuariales.

Por estos motivos, creo que las ocurrencias de unos o de otros que tratan parcialmente el problema, con propuestas de medidas impositivas, incrementando la presión fiscal a colectivos específicos, que por experiencia terminamos pagando los de siempre, de ampliación del período de cómputo, o de cualquier otra, siempre que no se limiten al catastrofismo poniendo en cuestión la viabilidad de las pensiones, debe dar paso a trabajos serios, no oportunistas y que sean afrontados con la premura que exige la sensación generada por todos de que el futuro de las pensiones públicas es más que incierto y se debe hacer sin dilación y dejando al margen los intereses partidistas de un año que, sin duda, viene marcado por las elecciones de 2019.

En una reciente intervención en el Pleno de la Diputación Provincial de Guadalajara ya manifestaba “de una manera firme y rotunda mi posición de absoluto acuerdo con la defensa y mantenimiento de nuestro sistema de pensiones, y de rechazo absoluto a todas aquellas posiciones que de forma más o menos interesadas lo pueden poner en cuestión».

Y en la misma mostraba dos convicciones, “que el mayor enemigo de nuestro sistema público de pensiones es su constante puesta en cuestión», refiriéndome a planteamientos del PSOE, que en su afán por criticar la acción de Gobierno, “trasladan permanentemente a los ciudadanos la sospecha de que el sistema puede desaparecer”, pero también, “que ningún gobernante europeo, lo que incluye por tanto a los españoles, puede tener la tentación de eliminar los sistemas públicos de pensiones, al menos si tienen la voluntad de gobernar países en los que el número de votantes pensionistas no para de crecer”.

Que el sistema está sometido a fuertes presiones no creo que se nos escape a nadie, presiones que se han visto agudizadas por la reciente y gravísima crisis económica que hemos sufrido y aún perdura, pero que tiene raíces más profundas que son las que se han de afrontar y ponerles remedio.

La fuerte caída del empleo que aún tardaremos, al menos dos años en recuperar a niveles de 2012, el incremento de los contratos a tiempo parcial, sobre todo, en el sector servicios, uno de los que mayor volumen de empleo tiene en España, el insuficiente crecimiento de los salarios y con ello de las cotizaciones a la Seguridad Social, son factores que lastran los ingresos de forma importante, y para los que habrá que buscar alternativas en los Presupuestos Generales y persiguiendo de forma seria y eficaz el fraude a la Seguridad Social, mucho más extendido y “consentido” de lo que es conveniente. “Los días de vino y rosas” hace mucho tiempo que quedaron atrás para los trabajadores y se hace necesario que el tejido empresarial asuma también responsabilidades en esta materia por su propio interés, sobre todo, del lado de los que cumplen.

Pero esto por si sólo ni explica ni resuelve el problema. Los problemas demográficos, baja natalidad e importante crecimiento de la esperanza de vida, son, a mi juicio, los de más difícil solución y a los que se hace necesario hacer frente con alternativas serias y realistas, y que no se reduzcan a bajar el importe de las pensiones públicas, lo que afectaría de forma muy negativa al consumo y, por tanto, al conjunto de la economía, pero también a la fiscalidad, teniendo en cuenta que las rentas medias aportan el 65% de los ingresos por IRPF, por lo que una reducción drástica de las pensiones implicaría una importante reducción de ingresos por este capítulo.

En este sentido, me parece acertada la propuesta del Gobierno de incrementar el período entre el que poder elegir por los mejores años cotizados para el cálculo de la pensión de jubilación, especialmente para aquellos colectivos que se han visto más afectados por el desempleo en los últimos años de su vida laboral, pero esto no es más que una tirita para una herida abierta que requiere puntos de sutura.

Por este motivo, me parece preocupante la última medida adoptada por ese mismo gobierno sobre los planes de pensiones, por varios motivos:

En primer lugar, porque lanza un mensaje que pone en duda, si no la viabilidad del sistema público de pensiones, sí el hecho de que la cuantía de las mismas sirva para el sostenimiento de las personas lo que lo convierte en irrelevante.

En segundo lugar, porque la mayoría de los salarios actuales no permite hacer frente a planes de pensiones privados que complementen seriamente el sistema público. Porque si alguien se puede permitir aportaciones mensuales de 50 €, por poner un ejemplo, y aún esa cantidad resulta imposible para muchos salarios,

esto supondría al cabo de 35 años de aportaciones un total de 21.000 €, que apenas se verían incrementados dadas las rentabilidades actuales de estos planes, que además, si tenemos en cuenta la devaluación no supondrían ninguna aportación seria a una hipotética pensión exigua. Y si este es un mensaje a los niveles de renta media alta.

Y tercero, pero incluso en el mejor de los supuestos, una propuesta que permita liberar estos fondos a los 10 años es posible que pueda interesar a alguien. Pero si de verdad se intenta incrementar el ahorro, sirva éste para complementar una pensión, o para cualquier otro uso que el ahorrador pueda desear, lo que el gobierno tiene que hacer, en mi humilde opinión, es liberar estos fondos de la doble imposición a la que están sometidos.

Se paga cuando cobras el salario o cobras tu trabajo profesional, y a cambio de una leve deducción fiscal, se vuelve a pagar al recuperarlo con el agravante de que el gravamen sea mucho mayor en función de las rentas habituales obtenidas el año en que se rescate.

En definitiva, todo esto dista mucho de ofrecer alternativas para el sostenimiento del sistema público de pensiones que, obviamente interesa y mucho a los actuales y futuros pensionistas, pero también tiene muchísimo interés para los gobiernos, si es que quieren continuar recaudando impuestos, y para los empresarios, grandes y pequeños, porque su subsistencia depende de la capacidad de consumo de un número cada vez mayor de pensionistas que podrán comprar o no sus productos en función del importe de sus pensiones.

Lamentablemente, a fecha de hoy, tras un año y medio de su constitución, 60 reuniones entre públicas y privadas y 300.000 € de gasto de los cargos públicos que la componen, la Comisión para el seguimiento de los Acuerdos de Toledo que se constituyó a finales de septiembre de 2016 continúa sin hacer la más mínima aportación, que apunte alguna solución a los problemas planteados.

Por ello insto al gobierno, a la oposición y a los que no se sabe muy bien que son y no se pronuncian o si lo hacen es en función del sentido del voto que les interesa en cada momento, a que se pongan a trabajar  donde toca, de manera constructiva y en serio en el futuro del sistema público de pensiones para que, además de ser viable, permita a los futuros pensionistas contribuir al sostenimiento del conjunto del sistema con pensiones dignas y suficientes.