El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares rechazó la moción de urgencia presentada por Izquierda Unida, en la que la formación de izquierdas solicitaba la anulación del Decreto de Alcaldía de 13 de septiembre de 2019 por el que el Gobierno municipal solicita autorización judicial para la entrada y desalojo forzoso en dos inmuebles de la calle Navarrosa que se encuentran actualmente ocupados de forma ilegal.
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento comenta a este respecto que “conforme queda expuesto en el Decreto de Alcaldía, las viviendas no reúnen las condiciones de salubridad adecuadas, ha habido algún incendio e inundación y, si bien tienen suministro de agua, la red eléctrica esta condicionada a una conexión no autorizada a una torreta cercana que supone un claro peligro para los propios ocupantes de estas viviendas y el conjunto de la población, como hemos podido conocer a partir de las conclusiones del Informe de 30 de abril de 2019 de la Coordinadora de los Servicios Sociales de nuestro Ayuntamiento”.
Ortega ha querido destacar, del mismo modo, su rechazo al fenómeno de la ocupación ilegal, indicando que “desde Vox no justificaremos en ningún caso actitudes o acciones que atenten contra la propiedad privada, instando a que se proceda conforme a las herramientas legales de que disponemos a la inmediata expulsión de quienes ocupan ilegalmente una vivienda una vez que se tenga conocimiento de la entrada y permanencia ilegal”.
El portavoz del Grupo municipal recuerda que en las 100 medidas que presentó Vox como propuesta electoral en las pasadas elecciones generales Vox defiende promulgar leyes frente a la ocupación ilegal, en las que se tipifique la ocupación de viviendas como un delito contra la propiedad privada, promoviendo igualmente una reforma legislativa para que los ocupas puedan ser expulsados en cuestión de horas de las viviendas en las que han entrado ilegalmente. Con respecto al posible realojo de las personas que se encuentran actualmente ocupando las viviendas, Ortega rechaza que puedan “ser beneficiarias de futuros proyectos de viviendas protegidas o se les proporciones algún tipo de beneficio social, pues supondría admitir un auténtico agravio comparativo con respecto a aquellas personas que se encuentran en idéntica o mayor situación de necesidad y que no han optado por acceder de forma ilegal al disfrute de una vivienda. En Vox consideramos que aquellas personas que han ocupado ilegalmente una vivienda deben ser excluidas de este tipo de ayudas sociales, señala Ortega.
