La aprobación de los presupuestos generales del Estado está conllevando el pago de una serie de peajes y cesiones al separatismo que, a mayor gloria de Sánchez, perjudican gravemente la libertad y las oportunidades tanto del conjunto de españoles monolingües como de aquellos que, viviendo en provincias bilingües, hablan el español como lengua materna.
La supresión del término “vehicular” es dramática para todos aquellos que, de forma legítima, pretendan que sus hijos sean escolarizados en español en cualquier parte del territorio nacional. Diferentes gobiernos autonómicos estaban, de facto, tratando al español como idioma extranjero en buena parte de España pero, a partir de la aprobación de la Ley Celaá, podrán hacerlo sin incumplir ninguna norma y dejando en una situación de total vulnerabilidad y desamparo a los españoles residentes en provincias monolingües que deseen que sus hijos sean escolarizados en el idioma común de la nación.
A través del camino iniciado por Felipe González y tras las cesiones de las competencias de educación no universitaria y de la sanidad a las autonomías por parte del gobierno de José María Aznar, la progresiva fragmentación de España parece no tener freno ante unos partidos separatistas insaciables a los que les resulta tremendamente beneficioso sembrar el caos, la fragmentación y el odio entre españoles.
Es igualmente problemático y dañino que en algunos territorios históricamente gobernados por el Partido Popular, sirva la gestión de Feijoó en Galicia como ejemplo, se emulen los comportamientos disgregadores de los separatistas dotándoles de legitimidad.
Desde VOX no podemos ignorar las constantes cesiones del PP y del PSOE a aquellos cuyo fin último es la destrucción de España.
Desde VOX defendemos, hemos defendido y defenderemos el derecho de los españoles a ser escolarizados en español en cualquier parte del territorio nacional y sin que ningún gobierno separatista, ni ningún otro poder político, pueda interponerse en la educación que los padres deseen darle a sus propios hijos, por lo que VOX recurrirá esta nefasta ley ante el Tribunal Constitucional.
No, los conquenses no somos españoles de segunda; y si para trabajar tenemos que desplazarnos a otro territorio de la geografía nacional, exigimos que nuestros hijos puedan ser escolarizados en castellano como lengua vehicular.
