El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este miércoles la resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca que amplía la vigencia del informe de impacto ambiental para construir una explotación ganadera en Villar de Domingo García. El proyecto, promovido por la empresa Granjas Belinchón, S.L., contempla la apertura de una planta de transición con capacidad para 14.616 lechones.
La decisión administrativa salva a la promotora de tener que empezar el trámite desde cero. La compañía presentó la solicitud de prórroga el 2 de octubre de 2025, logrando esquivar por la mínima la caducidad del permiso original, que había sido aprobado en septiembre de 2021 y contaba con una vigencia máxima de cuatro años para comenzar las obras.
Antes de autorizar esta extensión, la Junta de Comunidades abrió en noviembre de 2025 un periodo de consultas para confirmar que las condiciones del entorno no habían sufrido alteraciones sustanciales. En este proceso se requirieron informes a los ayuntamientos limítrofes, como Torralba y Fuentenava de Jábaga, además del propio consistorio de Villar de Domingo García, a la Confederación Hidrográfica del Tajo, a Sanidad Pública y a diferentes agrupaciones ecologistas.
El fin de la moratoria reactiva la tensión vecinal
La luz verde a este expediente entronca directamente con el escenario de alerta social que vive la provincia de Cuenca durante el último año. Tal y como recoge la hemeroteca de Liberal de Castilla, el fin de la moratoria regional a las macrogranjas generó una profunda preocupación entre los movimientos sociales, que ya en marzo de 2025 anticiparon la reactivación en cadena de los proyectos industriales que habían quedado en pausa.
La prórroga concedida a Granjas Belinchón choca frontalmente con la oposición sobre el terreno. Villar de Domingo García es uno de los municipios histórica y activamente integrados en la plataforma Pueblos Vivos, un colectivo que agrupa a decenas de localidades conquenses en su rechazo a este modelo productivo. Desde estas organizaciones se insiste en que estas explotaciones no fijan población y, por el contrario, amenazan el futuro rural al agravar la contaminación de los acuíferos por nitratos y multiplicar los problemas derivados de la gestión masiva de purines. Con este nuevo avance administrativo, la controversia sobre la ganadería intensiva vuelve a cobrar protagonismo en la agenda local conquense
