La despoblación es un tema de moda que abordan con discursos vacíos los políticos de Castilla-La Mancha. Por encima de esos discursos, preocupa a la ciudadanía que vive en los pueblos marginados de Cuenca que la Junta de Comunidades sea tan complaciente con la codicia de las empresas y la ambición de los políticos, dispuestos a hacer negocio a costa de los pueblos y el medio ambiente.
Lo grave de las veleidades populistas del gobierno regional es que convierte sus retóricas en políticas que destruyen las zonas agrícolas y ganaderas despobladas. Los dirigentes de la comunidad aprueban leyes y diseñan estrategias para el crecimiento económico, sin contar con las personas afectadas; adoptan medidas (sobre ganadería intensiva, energías renovables e infraestructuras) que indignan a la ciudadanía y agravan la despoblación.
Gracias a los estudiosos contamos con un diagnóstico atinado del problema demográfico y sería posible que los poderes públicos diseñaran un plan para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los medios rurales despoblados y atraer nuevos residentes con voluntad de permanecer. Se conoce lo que habría que evitar y lo que sería aconsejable emprender.
En primer lugar, parece haber consenso en que no se deben llevar a cabo ayudas sectoriales y aisladas. Por ejemplo, las políticas de apoyo rural deben ir dirigidas a subvencionar la producción agrícola y no a beneficiar a terratenientes absentistas. Asimismo, no es una idea feliz para contener la emigración y atraer población, aprobar rebajas fiscales, que favorecen al político de turno que trabaja en la ciudad y fija su domicilio fiscal en el chalé del pueblo de la provincia despoblada.
En segundo lugar, para gestionar el futuro con acierto no hay que promover el crecimiento a costa del medio ambiente. Por lo tanto, resulta incomprensible que los poderes públicos permitan que las grandes empresas cárnicas instalen 25 macrogranjas más en Cuenca (según denuncia Pueblos Vivos). Son industrias sin arraigo en los pueblos y “lejos de crear tejido económico en el territorio o fijar población, amenazan la calidad de vida por malos olores, problemas de salud pública, contaminación del agua y suelos con excesos de nitratos”. Tampoco se entiende que en nombre de la economía circular el gobierno de Castilla-La Mancha autorice la instalación de macrovertederos cerca de Zonas Natura 2000 o de especial protección para las aves (ZEPA), como es el caso de Villanueva de los Escuderos. Por último, no hay duda de que las energías renovables son necesarias, pero la consejería de desarrollo sostenible debería evaluar con sensibilidad medioambiental los proyectos energéticos. Es un atentado al medio ambiente que las empresas que buscan suelos baratos inunden los campos con placas fotovoltaicas y parques eólicos poniendo en grave riesgo la biodiversidad y a las especies protegidas.
En fin, constituye un melancólico lugar común afirmar que la mejor estrategia para contener la emigración e incentivar el arraigo de la población es una planificación territorial integradora del medio rural contando con la población que reside en el territorio. Sabemos que para atraer nuevos residentes se precisan servicios, infraestructuras, acceso a las redes y equipamientos, por lo tanto, los poderes públicos no deberían suprimir centros de salud, servicios sociales, escuelas, residencias de mayores o una línea de ferrocarril con paradas en los núcleos rurales porque sus efectos pueden ser devastadores.
Opinión de Fernando Casas Mínguez.
