En los últimos años la ciudadanía de la provincia de Cuenca ha organizado actos en defensa del ferrocarril público y social. La protesta ciudadana estaba dirigida contra la vileza de cerrar la línea ferroviaria Aranjuez-Valencia Fuente de San Luis por parte del Gobierno, en perjuicio de los municipios de la provincia y, además, hacerlo en vísperas de que los viajes en tren fueran gratuitos.
Hasta el pasado año, los ciudadanos rechazábamos la clausura del ferrocarril argumentando que el Ministerio de Transportes y ADIF no habían invertido en el mantenimiento de la línea, no habían seguido el procedimiento debido, habían marginado la participación ciudadana y decidieron no asignar a la modernización de esta línea de ferrocarril una parte de los cuantiosos fondos europeos Next-GenerationUE.
Pero todo el panorama cambia a raíz de las investigaciones de la UCO, cuando a la expresidenta de ADIF y exsecretaria de Estado del Ministerio (entre los años 2018-2023) se la acusa el año 2025 ante la Audiencia Nacional, por malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.
Desde que se hacen públicos los graves casos de corrupción cometidos por José Luis Ábalos, Isabel Pardo de Vera, Javier Herrero y Koldo García, los ciudadanos empezamos a sentir una rabia legítima contra las actuaciones de esos presuntos delincuentes. En consecuencia, se refuerzan los motivos para rechazar el cierre de la línea ferroviaria Aranjuez-Valencia Fuente de San Luis.
En el contexto de corrupción y opacidad de las máximas autoridades del Ministerio de Transportes y ADIF, las preguntas que surgen inevitablemente son ¿qué intereses persiguen con el cierre de la línea, a quién pretenden beneficiar con la drástica medida adoptada sin consultar con los ayuntamientos por donde discurre el tren?
Es obvio que la trama de la organización criminal no estaba interesada en los pueblos por donde discurre el ferrocarril. Poca rentabilidad podían obtener por mantener el tren en unos municipios abandonados por el poder estatal, regional y provincial. Como dejan claro las investigaciones, los integrantes de la trama solo hacían negocio con organizaciones empresariales que pudieran proporcionarles algún beneficio. La policía encuentra en el móvil de Koldo García una nota que decía: “Si consigo obras, cuánto se me paga por conseguir y cómo se me paga”.
A la vista de estas evidencias, es indiscutible que el cierre de la línea se lleva a cabo por acuerdo con unos presuntos delincuentes, sin tener en cuenta los intereses de los pueblos de la provincia y por motivos económicos inconfesables. De manera que la cuestión que nos debemos plantear es: ¿tiene alguna la validez el Protocolo General del 9 de marzo del 2022 del que derivan los Convenios para destruir el tren, que está encabezado por la firma de Isabel Pardo de Vera, en calidad de Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, acusada ante la Audiencia Nacional por cinco delitos?
Sería una afrenta para la ciudadanía de Cuenca y de la provincia que en una tierra que no consiente que nadie meta la mano, según el presidente Emiliano García Page, (https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/page-mete-mano-mandamos-posible-denunciamos-miramos-20251219132233-nt.html) el Protocolo general de Isabel Pardo de Vera del 9 de marzo del 2022 sea el documento del que derivan los Convenios para destruir la línea del ferrocarril.
Es de una legalidad más que dudosa que los concejales del Ayuntamiento de Cuenca tengan que aprobar un Convenio para destruir el tren, pactado con dirigentes de un Ministerio que fue un ejemplo apoteósico de presuntas actividades ilegales, corrupción y desviación de los servicios públicos para fines privados.
Estamos ante el fenómeno de la criminalidad organizada que atenta directamente contra la base misma de la democracia y no debemos ser cómplices con unos presuntos delincuentes. Dentro de una falsa apariencia de conformidad con la ley, han alterado el normal funcionamiento de los mercados y de las instituciones y han corrompido la naturaleza de los negocios jurídicos. Por lo tanto, además de desmantelar la trama de delincuencia organizada y perseguir los delitos presuntamente cometidos por los dirigentes del Ministerio y de ADIF es indispensable que se proceda a la anulación del Protocolo general, los Convenios y todas las medidas adoptadas en estrecha colaboración con unos presuntos delincuentes.
Opinión de Fernando Casas Mínguez
