El pasado 28 de febrero Castilla-La Mancha declaraba la existencia de plaga de avispilla del almendro en más de 100 pueblos de Albacete y Cuenca, fundamentalmente de la zona de La Manchuela. La declaración de plaga obliga a los titulares de las explotaciones de almendros afectados en esos pueblos a adoptar ciertas medidas fitosanitarias para combatir la propagación del insecto. Entre las actuaciones que los agricultores están obligados a realizar están el tratar en las épocas adecuadas con productos autorizados y registrados y extremar las operaciones de mantenimiento y limpieza en los equipos de recolección y transporte y también en el almacenado; operaciones que implicarán costes adicionales para las explotaciones. Además, se deberán quemar las almendras cuando se detecte la presencia de la enfermedad.
La Consejería de Agricultura acude al artículo 19 de la Ley de Sanidad Vegetal para cargar los costes de las medidas sobre los propios agricultores afectados. Efectivamente, la Ley prevé que esto sea así, pero sólo “si no se dispone lo contrario”, lo que indica que la Ley no impone necesariamente que dicho coste repercuta sobre los agricultores. Además, en artículo 20 de la misma Ley se contempla la posibilidad de ayudas económicas a los afectados por la obligatoriedad de la lucha contra la plaga y en el 21 la compensación a los perjudicados por la Administración que haya declarado la plaga cuando se produzca destrucción de bienes o propiedades. Igualmente, se contempla en el artículo 23 la posibilidad de colaboración entre administraciones para poner en marcha estos apoyos.
Teniendo esto en cuenta, Unión de Uniones de Castilla-La Mancha se ha dirigido por escrito al Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Martínez Arroyo, para que se ponga en marcha una línea de ayudas de minimis para los titulares que deban llevar a cabo las medidas fitosanitarias obligatorias por la declaración de plaga. Estas ayudas irían encaminadas a sufragar los costes adicionales que ello representa y a compensar la pérdida de las almendras que deben destruirse. También se ha pedido que se reclame desde la Junta, si es necesario, la participación financiera del Ministerio en la medida.
La organización recuerda, además, que en la última modificación del régimen de ayudas mínimis, cuyo reglamento fue publicado a finales de enero (Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión) la Unión Europea ha aprobado un aumento, de 15.000 a 25.000 euros, del margen de ayudas que las administraciones pueden conceder sin pedir autorización a Bruselas, prevé un margen mayor de concesión de estas ayudas.
Desde Unión de Uniones de Castilla-La Mancha se considera “que la Ley de Sanidad Vegetal contempla que se pueda apoyar y compensar a los agricultores y con el sistema de mínimis no hay ningún inconveniente para poner en marcha las ayudas” explican; y puntualizan “es una cuestión de voluntad política, de que el Consejero quiera o no quiera”.
