La directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, ha reiterado el compromiso del Gobierno regional para atender a las mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual que, como consecuencia de la pandemia ocasionada por la COVID-19, se han encontrado o se encuentran en circunstancias de extrema necesidad, así como con las entidades del Tercer Sector que están trabajando con ellas gracias al proyecto de intervención social que puso en marcha el Ejecutivo autonómico el pasado mes de junio con carácter urgente y excepcional para dar respuesta a esta situación.

Un total de 235 mujeres víctimas de explotación sexual ya han accedido a las ayudas puestas en marcha por el Gobierno regional con motivo de la pandemia
El Ejecutivo regional ha destinado 326.212 euros a estas ayudas para la atención de situaciones de extrema necesidad ocasionadas por la crisis generada por la COVID-19.

“Teníamos claro que, ante esta crisis sanitaria, era uno de los colectivos más vulnerables porque el confinamiento estaba acentuando esa vulnerabilidad hasta el extremo de carecer de recursos para atender necesidades elementales como la alimentación o la higiene. De ahí la importancia del decreto que publicamos el pasado junio que facilitó este proyecto y la actuación ágil de las entidades que lo están desarrollando para poner en marcha estas ayudas y evitar en la medida de lo posible situaciones de desamparo”, con palabras de la directora del Instituto de la Mujer.

Gracias al Decreto 21/2020, de 10 de junio, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Igualdad y el Instituto de la Mujer, ha destinado 326.212 euros a estas ayudas con las que se están atendiendo situaciones de extrema necesidad.

Así lo ha explicado Pilar Callado en una reunión mantenida esta semana con representantes y trabajadoras de las cinco entidades encargadas de gestionar las ayudas entre las que se encuentran Médicos del Mundo, Asociación In Género, Fundación Cruz Blanca, Aplec Inclusión+Igualdad y Fundación Atenea, y en la que se ha puesto de relieve la necesidad de este tipo de políticas públicas y programas de intervención con el objetivo de que las mujeres sientan que existe una alternativa real.

“La reunión mantenida ha sido muy productiva porque el balance de los tres primeros meses de funcionamiento de las ayudas nos indica que 235 mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual han accedido a estas ayudas”, ha informado Callado al respecto.

Además de la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia, la intervención que están realizando estas entidades a través de sus diferentes proyectos se completa con otras acciones como la información y asesoramiento en materia social, sanitaria, formativa y laboral y la promoción de su autonomía dotándoles de herramientas, estrategias y redes de apoyo que faciliten su salida de la situación en la que se encuentran.

Su finalidad es dar una oportunidad a estas mujeres “que se encuentran en situación de explotación sexual, que han sido víctimas de trata y que merecen una segunda oportunidad en la vida”, ha dicho la directora.

Otros temas abordados en la reunión

Además, en la reunión se han abordado otras problemáticas de ámbito estatal como la necesidad de trasladar al Ministerio de Igualdad la urgencia de promulgar una ley estatal de explotación sexual abolicionista que acabe con esta grave vulneración de los derechos humanos.

El Gobierno regional también está demandando al Ministerio que, tal como hace la Ley regional para una Sociedad Libre de Violencia de Género, la normativa estatal contemple la explotación sexual como violencia de género.

Para finalizar, también se abordó la necesidad de articular las medidas para que estas mujeres puedan acceder al ingreso mínimo vital.

 
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