El plan de vivienda anunciado por el gobierno de Emiliano García-Page es un ejercicio de propaganda política que no solo carece de profundidad, sino que además ignora conscientemente la realidad radicalmente distinta que viven las cinco provincias de la región. Las reducciones fiscales pueden aliviar el coste inicial de comprar o alquilar, pero no se ataca de manera estructural el problema real de oferta y demanda.
No es aceptable que Page vuelva a imponer un modelo uniforme y centralizado, como si el problema de la vivienda fuera el mismo en Guadalajara, en Toledo, en Ciudad Real, en Cuenca o en Albacete, cuando los datos demuestran justamente lo contrario: mercados tensionados en los limítrofes a Madrid y corredores logísticos frente a las zonas despobladas y las de la ausencia total de promociones.
Las rebajas fiscales, deducciones limitadas y préstamos públicos para la entrada no distinguen entre provincias con precios disparados y provincias con falta de oportunidades y de inversión. El resultado es un plan ineficaz y profundamente desconectado del territorio, lo que lo convierte en injusto.
Inyectar ayudas y préstamos sin aumentar la oferta en las provincias tensionadas como Guadalajara o Toledo solo sirve para presionar aun más los precios y expulsar a jóvenes y familias trabajadoras del mercado.
Mientras tanto, en provincias como Cuenca o partes de Ciudad Real y Albacete donde hay otra casuística, el gobierno regional no pone en marcha ni una sola medida específica para atraer promoción, rehabilitación o alquiler estable.
Me llama poderosamente la atención que el gobierno eleve hasta 240.000 euros el precio máximo de la vivienda para acceder a estas ayudas, asumiendo como normal el encarecimiento que Page no ha sabido no querido frenar y trasladando que el mensaje de que la solución pasa por endeudarse más, no por que la vivienda sea más accesible.
Los préstamos al 0 por ciento a priori resultan atractivos para ese 20 por ciento al que los jóvenes no pueden acceder, pero no son una política social sino una huida hacia adelante que convierte a la Junta en intermediaria financiera mientras el problema estructural sigue intacto: no hay suelo finalista, no hay agilidad administrativa, no hay seguridad jurídica y no hay un plan serio de vivienda pública ni de alquiler asequible por provincias. Esta medida no soluciona la falta de oferta ni los elevados precios de mercado.
Además de todo lo anterior, estas medidas dependen de la Ley de Acompañamiento que todavía no está aprobada lo que evidencia la falta de urgencia y compromiso real del gobierno regional ante uno de los principales problemas de los castellanomanchegos.
Las medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno representan un intento de reducir cargas fiscales y facilitar el accedo a la vivienda, especialmente para jóvenes, para lo que hay que tener en cuenta que cuando un estímulo fiscal aumenta la demanda de un sector, como es el caso de la vivienda, en el que la oferta no crece igual de rápido, el resultado puede ser de aumento de precio.
Tengo que recordar, además, que han estimado que estas medidas pueden beneficiar a unas 12.000 personas de una región que cuenta con más de 2 millones de habitantes, lo que demuestra la ineficacia de las medidas para la gran mayoría.
Page anuncia lo mismo para todos porque no ha trabajado para nadie. No hay objetivos claros por territorio, no hay planificación provincial y no hay calendario. Solo titulares y propaganda. Sin políticas más amplias de promoción de vivienda pública y regulación efectiva no basta para cambiar la realidad de acceso a la vivienda ni de jóvenes ni de las familias de la región.
Opinión de Nacho Redondo Alba. Diputado autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha
