Un gran número de agricultores y ganaderos que solicitaron ayudas para modernizar sus explotaciones no podrán percibirlas por la falta de presupuesto
• La dotación presupuestaria de las ayudas para inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas para 2018 se ha agotado sin que se haya cubierto la posibilidad de atender al amplio espectro de explotaciones que las solicitaron.

Numerosas  explotaciones de Castilla – La Mancha se quedan sin percibir las ayudas para inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas (Planes de Mejora) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020, al haberse agotado el presupuesto.

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, desde el convencimiento de que debe atenderse cualquier iniciativa que suponga un fortalecimiento de nuestro sector agroalimentario, han dado en todo momento la bienvenida a cuantas ayudas, establecidas o gestionadas por la Administración, vayan en esa dirección, que sean acordes con las necesidades del mismo y a cualquier esfuerzo presupuestario que garantice plenamente su cobertura económica.

En el caso de la línea de ayudas para inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas (Planes de Mejora) para el año 2018, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020, se ha agotado la dotación presupuestaria sin que se haya cubierto la posibilidad de atender al amplio espectro de explotaciones que las solicitaron y las necesitaban.

La modernización de las estructuras productivas de explotaciones agropecuarias, esenciales para el fortalecimiento y rejuvenecimiento del sector productor, debe hacerse, por un lado, con el esfuerzo presupuestario preciso para garantizar la disponibilidad económica que permita hacerlas efectivas y, por otro, con la adopción de criterios de selección más amplios, que eviten discriminaciones injustificadas y que malogran las expectativas de muchos agricultores y ganaderos.

Sin agricultura nada

La pandemia que durante los últimos meses nos ha venido azotando ha puesto de manifiesto, y así se ha reconocido por la sociedad, la trascendental labor realizada por el sector primario para garantizar el abastecimiento de alimentos, que ha resultado esencial para evitar que una crisis sanitaria se haya transformado además en alimentaria. El esfuerzo y dedicación de todos los actores del medio rural, desde los agricultores y ganaderos hasta los técnicos, entre los que nos encontramos los ingenieros agrónomos, ha sido crucial.

Los ingenieros agrónomos creen que, cuando el sector primario ha confirmado su carácter estratégico, es el momento de avanzar y evitar que se instale en el mismo y particularmente entre los agricultores y ganaderos un sentimiento de frustración que pueda tener implicaciones negativas, no solo socioeconómicas sino también de carácter medioambiental.

Ahora más que nunca es necesario un apoyo decidido desde las Administraciones competentes, no solo en defensa del interés legítimo del sector sino también del interés general de una sociedad, que ha asumido que la continuidad de la actividad de nuestras explotaciones es vital para garantizar correcto funcionamiento de la cadena alimentaria.

Por otro lado, el Colegio, como corporación que debe velar por los intereses de la profesión, apoya, como no podía ser de otra forma, cuantas medidas redunden en beneficio de sector,  tales como las políticas de ayudas a la inversión, que han constituido en general un incentivo determinante  para que tanto el sector productor, como el de transformación o de la industria agroalimentaria acometan proyectos de inversión que contribuyan a incrementar la renta de los productores del sector primario, y de todos los eslabones de la cadena de valor, entre los que se encuentran  los colegiados del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias. Garantizar por parte de la Administración competente la cuantía de las ayudas “prometidas” resulta esencial para que los titulares de las mismas no vean frustradas sus expectativas y para que los profesionales que redactan sus proyectos puedan aconsejar u orientar con suficiente garantías la rentabilidad de las inversiones a sus clientes, evitando que asuman honorarios y gastos innecesarios.

 
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