La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha denunciado hoy que 50 familias de Guadalajara podrían verse en la calle por la especulación con viviendas de protección oficial (VPO) de alquiler por la entidad bancaria BBVA-ANIDA
Según han explicado en rueda de prensa responsables de la PAH y recoge El Digital de Castilla-La Mancha, hace diez años 50 familias adquirieron las viviendas de VPO en régimen de alquiler a la empresa Quabit, cuya propiedad fue adquirida el año pasado por BBVA-ANIDA, antes de los diez años que marca la ley, con el consentimiento de la Junta.
Han añadido que ha sido este año cuando ha crecido «la presión e inestabilidad hacia las familias debido a la dudosa compra y liberación del suelo anteriormente descrita» como consecuencia de que la entidad bancaria «ha denegado sistemáticamente cualquier posibilidad de renovación de los alquileres».
Hasta el punto que «ha ofrecido puntualmente precios muy por encima del mercado libre, conocedor como es de la realidad de las familias residentes en las viviendas, que las hace totalmente inasumibles».
En su opinión, BBVA-ANIDA «no pretende ni ofrece soluciones a las familias residentes» al buscar «exclusivamente hacer negocio con propiedades previamente subvencionadas con dinero público, asegurándose así un negocio redondo».
«Los ciudadanos pagamos el suelo y la construcción de las viviendas para que luego la empresa privada las explote y, finalmente, las venda a coste bajo, aunque tenga que expulsar a 50 familias de sus hogares», han lamentado.
La agrupación de vecinos de la calle Alicante, donde se ubica la vivienda afectada, ha considerado que tal situación es «una muestra salvaje de especulación inmobiliaria totalmente inasumible por parte de familias trabajadores con hijos a cargo, personas mayores y/o con discapacidad que accedieron a estas viviendas pasando por rigurosos requisitos legales supervisado por la Junta».
En su opinión, estos mismos requisitos «de alta exigencia han sido dudosamente aplicados y tenidos en cuenta cuando se produjo la descalificación de la VPO del edificio».
El conflicto ha sido trasladado al director general de Vivienda, José Antonio Carriño, que «nos ha transmitido su preocupación e intermediación en el asunto en la negociación colectiva de todos», después de recibir presiones de la entidad financiera.
En concreto, ha añadido, «con llamadas y cartas pidiendo la salida inmediata con amenazas de desahucios judiciales de sus hogares» a pesar de los esfuerzos por solicitar renovación de los alquileres y «negándonos información de la situación legal ante la compra del inmueble, sin garantizar nuestro derecho prioritario de compra».
Encima, ha concluido, «no se preocupa del mantenimiento de las instalaciones generales, que es pagado por los vecinos, cobrando alquileres por encima de las tablas de VPO con fianzas altas y no devueltas al desalojar las viviendas».
