UGT denuncia a la Delegación de Educación de Guadalajara por una vulneración en la negociación colectiva de las plantillas del profesoradoLa Federación de Empleados de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores, de Guadalajara, ha puesto en comunicación de la Inspección de Trabajo la supuesta vulneración de derechos en relación a la negociación colectiva de las plantillas del profesorado en la provincia.

Una de las funciones principales de los delegados sindicales es la negociación para la planificación de los recursos humanos, con la empresa, en este caso, con la Administración educativa, con objeto de adecuar las necesidades de los centros educativos a la normativa educativa, velando por la consecución de un servicio educativo de calidad; hecho que la Administración en la provincia de Guadalajara obvia, siendo ésta la que propone la planificación, limitando el papel de las organizaciones sindicales a informar de estas propuestas.

Al no facilitar información necesaria para negociar de buena fe (profesorado realmente existente en los centros, matrícula en cada nivel en cada centro, alumnos con necesidades especiales), como exige la normativa (Ley Orgánica de Libertad Sindical, Estatuto del empleado público), las organizaciones sindicales no pueden conocer con exactitud las necesidades de los centros y plantear cuál es la plantilla adecuada. Así, por ejemplo, en el CEIP Maestra Plácida, de Azuqueca, se propone la creación de una unidad, sin que la plantilla propuesta concuerde con las instrucciones de la propia Consejería, sin tener en cuenta que realmente, de acuerdo con los datos de matrícula requiere crear como mínimo una unidad adicional en Educación Infantil y tres en Primaria, todo ello sin tener en cuenta que la reducción de la ratio a 25 alumnos/aula en el curso 2020/2021 consolidará las necesidades advertidas y no contempladas.

Por ello, UGT Guadalajara se abstendrá ante la propuesta que realiza la Administración al considerar que no se ha facilitado la información necesaria para poder avalar o rechazar la propuesta de la Administración, y se ha trasladado a la Inspección de Trabajo que considere si se dan las razones para considerar lesionado el derecho constitucional a la negociación colectiva.

 
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