La senadora socialista ha defendido esta normativa que “garantiza la igualdad, la tolerancia, el respeto y la diversidad, así como una convivencia pacífica, activa y responsable”. Recuerda que actualmente no hay ninguna norma legal que regule este ámbito, existiendo únicamente un decreto de la dictadura.
Dotar a las universidades públicas del país de un marco común para la resolución de conflictos, en consonancia con los principios constitucionales y las libertades públicas, es el objetivo del Proyecto de Ley de Convivencia Universitaria, según ha defendido hoy en el Senado la parlamentaria por el PSOE de Cuenca y vocal en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, Carmen Torralba. Una normativa que se ha debatido hoy en la citada Comisión y cuyo dictamen ha salido adelante pese a los votos en contra de PP y Vox, por lo que queda lista para su próxima aprobación en Pleno.
Esta norma “garantiza la igualdad, la tolerancia, el respeto y la diversidad, así como una convivencia pacífica, activa y responsable”, como base para su posterior desarrollo por parte de las comunidades autónomas y de las propias universidades, ha subrayado Torralba.
Y es que actualmente no existe una normal legal que regule los elementos básicos de la convivencia en el seno de la comunidad universitaria respetando los principios constitucionales, ha advertido la senadora conquense, de manera que “todavía nos regimos por una norma de la dictadura en materia de régimen sancionador para el estudiantado universitario y ya es hora de ponerle fin”.
Según ha explicado Carmen Torralba, este Proyecto de Ley regula un régimen disciplinario adaptado al ordenamiento jurídico vigente, fijando “claramente” qué comportamientos se deben considerar reprochables, además de que propone unas sanciones “proporcionadas y adecuadas no solamente a la vida en el campus universitario, sino también a las circunstancias personales y sociales del estudiantado”.
Matiza en este sentido que se define un nuevo sistema de faltas y sanciones, con las máximas garantías y la posibilidad de sustituir las sanciones, en determinados casos, por medidas de carácter educativo o recuperador, poniendo el acento en los valores propios del ámbito universitario.
Además, ha explicado, “las comunidades autónomas y las universidades podrán introducir especificaciones o graduaciones de las infracciones que, sin constituir otras nuevas ni alterar la naturaleza o límites que la norma ya contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas, respetando la potestad sancionadora”.
Expone además la senadora socialista que con esta nueva norma se deroga el decreto franquista vigente que data de 1954 y que incluye artículos “cuya constitucionalidad es discutible”, como que no regula el derecho de defensa del estudiantado, las faltas no caducan, no considera los principios básicos de proporcionalidad y responsabilidad, y atribuye la potestad sancionadora a un ‘tribunal de honor’.
Torralba ha enfatizado además que la aprobación de esta ley “supone un avance democrático”, posibilitando el ejercicio pleno de derechos fundamentales y libertades básicas, entre ellos la manifestación, reunión, asociación y huelga en el conjunto de estamentos de la comunidad universitaria.
Para terminar, la parlamentaria conquense ha indicado que “la mediación vertebra la norma, siendo el castigo el último recurso, de manera que se promueven los valores de diálogo, comprensión del otro, conciliación y aprendizaje para reforzar la convivencia pacífica”.
