El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Francisco Cañizares, ha valorado la sentencia del Tribunal Constitucional que ha estimado el recurso planteado por el GPP relativo a la ocultación y la falta de transparencia de la Mesa de las Cortes sobre la incompatibilidad del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, en relación a la puerta giratoria producida tras su contratación por una empresa privada tras haber abandonado un cargo público en 2010.
En este sentido, Cañizares ha recordado que el actual consejero de Hacienda y AAPP del Gobierno de Page ocupó el puesto de director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) entre los años 2007 y 2009, periodo en el que este organismo público realizó diferentes contratos millonarios con la empresa privada Indra.
A los siete meses de haber dejado el SESCAM, Ruiz Molina pasó a formar parte de la empresa Indra como director Comercial y de Desarrollo de Negocio, cuando según la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, se establece la imposibilidad de los miembros del Gobierno, -incluidos los responsables gerentes como el del SESCAM-, de ponerse a disposición de las empresas con la que se haya contratado, al menos en los dos años posteriores a su cese.
Esta incompatibilidad se dio a conocer en la comparecencia de Ruiz Molina ante las Cortes de Castilla-La Mancha en 2015, donde se valoró su idoneidad para el puesto que ostenta actualmente. Desde entonces, el PP ha venido denunciando esta circunstancia por ser un claro caso de puerta giratoria alejado de la legalidad y que ahora ha merecido el reproche del TC.
Asimismo, Cañizares ha apuntado que este recurso se interpuso ante la negativa de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha –gracias al voto del PSOE y de Podemos- a entregar al PP el expediente administrativo sobre la incompatibilidad y la resolución del mismo.
Estas cuestiones son las que han terminado siendo declaradas inconstitucionales por el TC al vulnerarse el artículo 23.2 de la Constitución española al entender que se ha lesionado el derecho fundamental a ejercer las funciones representativas de los diputados del Grupo Parlamentario Popular de Castilla-La Mancha.
Por todo ello, Cañizares ha pedido el cese o dimisión inmediata del consejero de Hacienda y AAPP que ha dado lugar a una declaración de inconstitucionalidad de acuerdos de la Mesa de las Cortes encaminados a ocultar su fragrante caso de puerta giratoria.
