Safira, discapacitada con un 66%, desahuciada de su casa en GuadalajaraDecenas de personas han intentado evitar el desahucio de Safira Sánchez, una mujer de 23 años y con un 66 por ciento de discapacidad, aunque finalmente éste se ha producido bajo un amplio despliegue policial y la mujer ha tenido que ser trasladada en ambulancia al Hospital General de Guadalajara, debido a la cardiopatía que sufre tal y como informa El Digital de Castilla-La Mancha.

El diputado de Podemos en las Cortes regionales David Llorente, que ha sido una de las personas que desde las 6.00 horas de hoy han estado junto a Safira en la vivienda para evitar del desahucio, ha indicado que éste se ha producido entorno a las 10.00 horas, a pesar de las protestas en la puerta de la casa y de que la mujer, que vive sola y padece una cardiopatía por la que le han diagnosticado una discapacidad del 66 por ciento, no tiene otro alojamiento.

Llorente, que ha rechazado duramente el desahucio y la forma en la que se ha llevado a cabo, ha alertado de que la ejecución del mismo ha supuesto incumplir las medidas cautelares establecidas Nacionales Unidas.

Así, ha recordado que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) exigió su paralización, pues además de la discapacidad que padece, se encuentra en una situación de “extrema vulnerabilidad”, ya que sus ingresos se reducen a una pensión de 380 euros mensuales.

El diputado de Podemos en las Cortes ha explicado que Safira llevaba varios años como okupa en una vivienda de protección oficial que estaba vacía y que la entidad bancaria propietaria del inmueble ha solicitado el desalojo de esta persona, que debido a la tensión de la situación y a su enfermedad, ha tenido que ser trasladada al Hospital en ambulancia.

La Junta se explica

Con relación al desalojo de la vivienda situada en la calle Salvador Allende 2, bajo B, de Guadalajara, ordenado por el Juzgado número 1 de esta ciudad, la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara quiere hacer las siguientes apreciaciones:

1.- El desalojo de esa vivienda no ha sido promovido ni dictado por la Administración autonómica. Es el resultado de un procedimiento judicial instruido a petición de la entidad bancaria propietaria de la vivienda y determinado por el juzgado, una vez analizada la situación de la persona que habita el inmueble, que no está en posesión de título alguno ni de propiedad ni de alquiler de la vivienda.

2.- La circunstancia de ocupación de la vivienda de manera irregular impide a la Administración otorgarle una solución habitacional definitiva. Existe un registro de demandantes de vivienda social, que en Guadalajara cuenta con más de 2.000 personas inscritas que cumplen los requisitos que la ley exige para ser beneficiario de este tipo de viviendas. La administración no puede saltarse ese listado de manera arbitraria.

3.- No obstante, conocedores de la situación de la persona que ocupa el citado inmueble, desde la Dirección provincial de Bienestar Social se han facilitado desde el primer momento diferentes alternativas, siempre en el marco de la legislación vigente. Entre ellas cabe citar una ayuda de emergencia social, que le permita encontrar una vivienda alternativa a la ocupada; alojamiento temporal para situaciones de emergencia social; o acogida en un centro de atención residencial para personas sin alojamiento, entre otras opciones. Hasta la fecha, la interesada no ha aceptado ninguna de las alternativas ofertadas.

4.- Además de las alternativas anteriormente citadas, desde la Dirección provincial de Bienestar Social hemos propuesto la coordinación con los Servicios Sociales municipales de Guadalajara para buscar todo el apoyo familiar y social posible, de tal manera que esta persona pudiera disponer de un itinerario personalizado de atención social, familiar y, en su caso, laboral.

5.- De todos los pasos y alternativas ofertadas se ha dado traslado tanto al Juzgado como a la Abogacía del Estado, con el objeto de que, una vez producido el desalojo, si así sucedía, la persona ocupante de la vivienda pudiera tener la atención garantizada.