El Voluntariado Nacional para el Censo del Lobo Ibérico ha detectado la presencia de una loba recién parida en la Sierra Norte, entre Atienza y Sigüenza, y ha solicitado a la Administración regional que tome medidas «inmediatas» de protección para evitar la desaparición de este animal.
En rueda de prensa, Abrahám Prieto, coordinador en Guadalajara del Proyecto de Voluntariado del Censo Lobo Ibérico, acompañado de integrantes del proyecto, ha pedido medidas de protección a la Administración tras verificar la presencia de esta pequeña manada de lobos, que parecen ser los únicos que han sobrevivido al exterminio por supuestos disparos o envenenamiento en el 2016.
Este grupo de voluntarios han decidido hacer público el hallazgo, decubierto en un estudio de campo, con el objetivo de que actúe la Administración regional, a la que reprochan haber sido «incapaz» de esclarecer «el desastre ocurrido en 2016, cuando la mayor parte del grupo fue exterminado presuntamente por disparos o envenenamiento».
Prieto, en nombre de todo el grupo de trabajo que participa en este proyecto ha denunciado el hecho de que los «escasos lobos alcarreños» que quedan se encuentran en un estado de «indefensión» frente a la persecución humana, que atribuyen a una Administración que «incumple sistemáticamente las leyes europeas y autonómicas».
En la misma comparecencia, los integrantes de este proyecto han planteado la necesidad de que se redacte, apruebe y ejecute un Plan de Recuperación de la especie en la provincia y el cumplimiento de la legislación regional sobre especies protegidas, ya que el lobo ibérico está incluido en el catálogo regional como especie en peligro de extinción desde 1998.
También piden la declaración de Zona de Especial Conservación (ZEPA) del territorio de lobos , y que se ejecute un plan de prevención y vigilancia «exhaustiva» contra el veneno en el territorio lobos, un problema dicen «recurrente» en varios cotos de caza en la provincia.
Igualmente, solicitan que se declare área crítica en todo el territorio de la manada con exclusión de caza, la vigilancia de todas las modalidades de caza y la suspensión inmediata de la alimentación artificial de los lobos por parte de la Administración.
Consideran estas medidas de «extrema urgencia» dado que el lobo lleva más de veinte años intentando establecerse en la provincia y no lo ha conseguido, e insisten en que todos los grupos anteriores han muerto sistemáticamente por la caza y el veneno.
Según Abrahám la Administración regional tiene la «obligación legal y el imperativo moral de poner fin al desamparado del lobo y de garantizar su prosperidad en nuestro territorio».
Por último, este proyecto, que nació en el 2015 impulsado y dirigido por Fernando Palacios y Ángel Manuel Sánchez, presentes en la rueda de prensa, ha mostrado su disposición a colaborar con la Administración de cara a la conservación de esta especie y la biodiversidad.
