El portavoz de Cultura, Educación y Deportes del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Benjamín Prieto acusaba hoy Emiliano García Page, de ser un presidente que “no es de fiar”. “Aquí, en Castilla-La Mancha empezó todo, ya que después de perder en 2015 y para poder gobernar las elecciones en 2016, y al pactar unos presupuestos con Podemos, en el punto 2, apartado C, los socialistas llegaron a firmar textualmente que se adquiría el compromiso de reducir progresivamente la financiación pública de la Educación Concertada”. Desde hace más de tres años, el psoe ha tenido la oportunidad de reconducir esta situación y de acabar con su acoso a la enseñanza concertada y su ataque a las libertades constitucionales de los padres de poder elegir el centro en el que quieren que sus hijos sean educados, circunstancia que no sólo no se ha dado sino que sigue empeorando a medida que pasa el tiempo.
A pesar de todo, afirmaba Prieto, “el Partido Popular defenderá política y jurídicamente la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, con la opción de los colegios concertados, para lo que está dispuesto a ir a los Tribunales si es preciso, algo que no le corresponde ni al Estado ni a la ministra en funciones Celaá”.
La libertad de elección de los padres es un derecho que se recoge en el artículo 27 de la Constitución Española, y garantiza que puedan elegir el modo educativo que quieren para sus hijos sin necesidad de enfrentamientos, “el posicionamiento del Grupo Popular en estas Cortes es claro, tanto la educación pública como la concertada deben vivir armónicamente y además se debe asegurar la libertad de elección de las familias que tienen escolarizados a sus hijos”, explicaba el diputado regional por Cuenca.
Prieto relataba algunas de las adversidades a las que tienen que hacer frente los centros concertados de nuestra comunidad autónoma, “sabemos de sus carencias económicas y que con los centro públicos concertados , cuando hay problemas de que no se llega los ratios, no hay flexibilidad, y se les elimina del concierto, que en muchas ocasiones los pago no llegan tiempo y tienen dificultades para pagar a los proveedores”.
Por todo ello, once eran las peticiones que desde el Grupo Popular se realizaban al Gobierno de Page, entre las que se encuentran la de garantizar y ampliar las libertades educativas consagradas en nuestra Constitución mediante un desarrollo armónico de este derecho y a la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro donde escolarizar a sus hijos. También la de defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de dicha oferta plural y complementaria de la pública, potenciar la zona única de escolarización en el proceso de admisión de alumnos y que los centros concertados participen en los mismos programas educativos que el resto de los públicos dependientes de la Administración Regional. El aspecto económico también es fundamental por lo que los populares han pedido también que la Junta oferte becas de comedor para los alumnos de los centros concertados sin necesidad de desplazarse a otros sitios y que garantice el derecho a ayudas de transporte estos escolares.
