El diputado regional por Cuenca, Benjamín Prieto, ha reiterado hoy en el Pleno regional, “la anticonstitucionalidad de la Ley Celaá y su ataque a los derechos de los alumnos, los padres y, por supuesto los profesores”. El portavoz popular de Educación ha señalado que “pocas leyes han suscitado tanta polémica como la LOMLOE en nuestra historia democrática” y ha lamentado que este texto normativo, “esté muy lejos de mejorar e incluso de referirse a la educación y sí de buscar otros objetivos que son los ideológicos y partidistas. Es muy grave que el voto de un solo diputado vaya a condicionar el futuro de nuestros hijos y que el Gobierno de Sánchez utilice esta Ley como rehén para mantenerse en La Moncloa”, ha precisado.
Prieto se ha referido a los Derechos Humanos, que conmemoramos precisamente hoy, a la Constitución, por supuesto, y al Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que recogen el derecho de las familias a elegir el tipo de educación para sus hijos y que debe de estar garantizado por los poderes públicos, “algo contra lo que la Ley Celaá atenta, pretendiendo eliminar los Centros de Educación Especial y atacando a la Concertada, concediéndole un papel subsidiario, además de erosionar gravemente la calidad de la Pública, con los alumnos pasando de curso y aprobando sin la formación adecuada”, ha explicado Benjamín Prieto.
El diputado popular se ha mostrado contrario “al intervencionismo del Estado en la educación, propio de dictaduras”. “La sociedad española es diversa y democrática, fundamentada sobre los valores de la tolerancia y la participación. Por ello, la escuela más adecuada para una sociedad como la nuestra debe ser una escuela también plural, gratuita y universal. Esto sólo es posible si hay una diversidad de centros con proyectos educativos y pedagógicos propios y autonomía de los centros para dotarse de ellos y ponerlos en práctica”.
A todo ello se une, a juicio de Prieto, “el sectarismo de esta ley, al intentar imponer una determinada ideología, la del Gobierno PSOE y Podemos, en las mentes de las próximas generaciones de españoles y por desterrar de nuestro sistema educativo valores como el esfuerzo y el mérito impidiendo que la educación cumpla su función”. “La LOMLOE es un proyecto anticuado, una reedición de la LOE socialista de 2006 que no da respuesta a los desafíos que tendrán que afrontar las nuevas generaciones y no configuran un sistema moderno y flexible que permita homologar nuestra Educación con la de los países de nuestro entorno. La aplicación de la LOMLOE nos devolverá a los índices de abandono escolar que dejó el Psoe en el Gobierno de España”, ha añadido.
El diputado del PP no ha querido olvidarse del “ataque al español, lengua oficial de nuestro país, reconocido en la Constitución Española. Con la Ley Celaá el español deja de ser lengua vehicular de la enseñanza en determinadas regiones. Se oficializa, pues, la discriminación de los niños castellanohablantes al privarles de asidero legal para reclamar su derecho a recibir, al menos, parte de su educación en español”. También se hace extensiva esa discriminación a los alumnos con capacidades diferentes, “¿cómo pretende el Gobierno que un profesor que carece de formación en discapacidades atienda las necesidades de estos niños mientras da clase simultáneamente a otros 30 más?, se ha preguntado Prieto, quien también ha requerido información sobre el dinero que el Gobierno de Sánchez va a gastar en esta ley, “¿dónde está la memoria económica?”, ha inquirido.
“Desde el PP estaremos en contra de todo aquello que suponga coartar la educación, defendemos la libertad y que los padres puedan elegir como formar a sus hijos conforme a sus convicciones éticas y religiosas”, ha declarado Prieto, por lo que el Grupo Popular ha pedido a las Cortes de Castilla-La Mancha que inste al Gobierno de España, precisamente, a volver al Pacto Constitucional en materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo y centro donde escolarizar a sus hijos, así como a respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. También han solicitado los populares a parlamento regional que pida al Gobierno de Sánchez que no discrimine el castellano, que garantice la gratuidad de los Centros de Educación Especial, a trabajar por una Educación de mayor calidad, siguiendo los parámetros de los países europeos de nuestro entorno y a incrementar medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades, además del avance en la modernización y transformación de este sistema. Por último, el Grupo Popular en Las Cortes ha reclamado el apoyo del gobierno socialista de la Junta de Comunidades al recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en nuestra Carta Magna.
