El presidente del Partido Popular de Toledo, Arturo García-Tizón, y el presidente del Grupo Popular de la Diputación, Emilio Bravo, han informado hoy de la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº1 de Toledo, que da la razón a los populares y pone en evidencia que el presidente de la Institución Provincial, Álvaro Gutiérrez, ha impedido al Grupo Popular realizar su labor de oposición, vulnerando sus derechos fundamentales, al negarles la documentación sobre las contrataciones laborales realizadas en la Diputación.
Así lo han explicado durante la rueda de prensa que han ofrecido en Toledo, donde García-Tizón ha recordado que el Grupo Popular pidió reiteradamente esta documentación ante la sospecha de que el Gobierno de Álvaro Gutiérrez estaba haciendo “una política nepotista y sectaria en la contratación de personal”, algo que se ha podido constatar una vez que el PP ha tenido acceso a esos contratos y que el PSOE ha intentado ocultar negando la documentación a los populares, sin importarles para ello violar los derechos fundamentales de la oposición.
En este sentido, Bravo ha aclarado que, según los datos que se están obteniendo al revisar la documentación de las contrataciones realizadas en la Diputación Provincial de Toledo hasta junio de este año, “más del 20 por ciento de las mismas han sido para personas notoriamente vinculadas al PSOE”, como es el caso de alcaldes, concejales y miembros de las listas socialistas en los diferentes municipios de la provincia, así como familiares directos de cargos socialistas.
Gutiérrez vulnera los derechos fundamentales de la oposición
En cuanto a la sentencia, los dirigentes populares han recordado que el Grupo Popular interpuso un recurso contencioso-administrativo de protección de derechos fundamentales contra la denegación del presidente de la Diputación de Toledo de varias solicitudes de información sobre la contratación de personal que se llevó cabo en esta Institución en los meses de julio a diciembre de 2015.
García-Tizón ha aclarado que, según reconoce esta sentencia y como habían denunciado ya públicamente los responsables del Grupo Popular, no facilitar esta información a la oposición supone la vulneración de un derecho fundamental de participación política, ya que se trata de una documentación a la que el Grupo Popular tiene derecho para llevar a cabo su labor de oposición.
La sentencia estima el recurso interpuesto por los responsables del Grupo Popular, “por el trámite de la protección de los derechos fundamentales de la persona, contra la denegación de la documentación solicitada, se declara nula y lesiva del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española, condenando a la Diputación Provincial de Toledo a facilitar a los demandantes la documentación solicitada; con expresa condena en costas a la Administración demandada”.
Para los dirigentes populares, esta es una muestra clara del talante de Gutiérrez, que tiene una doble cara, una amable frente a los medios de comunicación y otra totalmente sectaria en su actividad política real como presidente de la Diputación, como demuestra esta sentencia que “debería hacer reflexionar sobre su permanencia en el cargo a Gutiérrez, que no ganó las elecciones y gobierna en virtud de un pacto con Ganemos y Ciudadanos, estos últimos autores de un clamoroso fraude electoral”, ha recalcado García-Tizón.
