El portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, ha denunciado el grave estado de la Sanidad que tiene el sistema sanitario de la región debido a la falta de inversión del Gobierno de Page y Podemos, que, sin embargo, despilfarran en otras cuestiones totalmente prescindibles y propagandísticas.
El portavoz del Grupo Popular ha indicado en rueda de prensa algunas de las situaciones que se están dando en la Sanidad, como la reducción del servicio de Pediatría de Cobisa (Toledo), que obliga a los vecinos a trasladarse a pueblos vecinos para que sus hijos reciban atención sanitaria.
Además –ha continuado Cañizares- se están haciendo públicas citaciones para gastroscopias para dentro de dos años y en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina se ha superado por primera vez los 180 días de espera media para intervenciones quirúrgicas.
Asimismo, ha criticado que los profesionales sanitarios de la región son contratados por horas o días sueltos, motivo por el que huyen de Castilla-La Mancha hacia otras comunidades donde tienen más estabilidad y mejores condiciones laborales.
En este punto, Cañizares ha denunciado que con Page y Podemos se está derivando de forma masiva las intervenciones quirúrgicas, las consultas y las pruebas diagnósticas a la sanidad privada, en contra de lo que dijeron Page y Podemos en campaña electoral y posteriormente en las Cortes regionales.
De hecho, Cañizares ha indicado que Page y Podemos se están gastando 120 millones de euros al año en la sanidad privada y mantienen las privatizaciones del transporte sanitario con unos resultados desastrosos, porque se han recortado cantidades millonarias a este asunto.
Debido a esta situación, el PP va a defender las enmiendas parciales que ha presentado -a pesar de que tenemos un presupuesto caótico y alejado de las necesidades de Castilla-La Mancha- y que ascienden a cerca de 500 millones de euros destinados a cuestiones importantes.
Estas materias son, según ha señalado, la Sanidad y el Bienestar Social, en detrimento de altos cargos del Gobierno regional o del incremento presupuestario en cinco millones de euros para la contratación de productoras de la televisión pública, en lugar de apostar por los profesionales del ente público.
