Los servicios jurídicos del Gobierno de Castilla-La Mancha ya están trabajando en la argumentación que empleará contra la decisión del Gobierno de España en funciones de recurrir la vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios públicos de la Junta de Comunidades, en vigor desde el pasado 1 de enero.
Así lo ha anunciado esta mañana el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, tras conocerse que el Gobierno central en funciones ha ordenado a la Abogacía del Estado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida y contra la supresión de la jubilación forzosa de los empleados públicos de la región a los 65 años.
Según ha explicado Hernando, el Ejecutivo regional considera un “atropello inconstitucional” que un Gobierno en funciones recurra una medida adoptada por un Gobierno “a través del mandato de las Cortes y, por lo tanto, de la soberanía popular”. “Lo que es un atropello constitucional –ha añadido Hernando- es que Cospedal, entre abrazo y abrazo con Soria, utilice a sus peones en La Moncloa y en el Ministerio de Hacienda para seguir destruyendo nuestra tierra desde Madrid”.
Hernando cree que la expresidenta regional “se mueve por rencor y por rabia a los servicios públicos, a los trabajadores públicos y a Castilla-La Mancha”. En este sentido, ha recordado como a mediados de noviembre de 2015, en una entrevista, Cospedal llegó a afirmar que si hubiese sido menos dura con los empleados públicos ahora sería presidenta de Castilla-La Mancha.
“Al parecer, dado que no es presidenta, se ve en la obligación de seguir siendo durísima con los funcionarios desde la oposición, desde Madrid”, “precisamente –ha añadido Hernando- una persona que ni siquiera ha sido capaz de trabajar 35 horas no en una semana, sino en cuatro años por esta región”.
El portavoz del Ejecutivo regional ha recordado además como el delegado del Gobierno en la región negó en declaraciones a los medios de comunicación el pasado 15 de febrero que el Gobierno de Mariano Rajoy en funciones fuera a recurrir esta decisión, algo que demuestra que “o bien ha mentido a los castellano-manchegos o bien ha sido desautorizado por Cospedal o su propio presidente”.
