La reacción de los poderes públicos de Castilla-La Mancha ante el auto del Tribunal Supremo, acordando la suspensión cautelar de la ejecución del acuerdo del Consejo de ministros, ha evidenciado el grado de implicación en el plan de desmantelamiento, y algo más. El vicepresidente, Martínez Guijarro, no asume que cometieron errores en el procedimiento seguido para aprobar el Plan de clausura del tren. En vez de reflexionar en torno a las equivocaciones, arremete contra quienes defienden el ferrocarril, siguiendo las orientaciones políticas europeas. Se cree con patente de corso, para alegar en las Cortes de Toledo que el futuro está en el tren y venir a Cuenca a destruirlo. Para nada se plantea lo que ganarían los pueblos de Cuenca, si los fondos europeos se invirtieran en modernizar una línea cuyo valor es de miles de millones de euros. Su vano dictamen es que se pierden cuarenta millones y “no se puede conectar la estación del AVE (inaugurada en 2010) con el centro de la ciudad de Cuenca”.
El presidente de la Diputación, Martínez Chana, se implicó en el plan de clausura y personó en el contencioso en contra de los pueblos. En su toma de posesión dijo que el plan Equis Cuenca para la destrucción del ferrocarril “se ha sometido … al juicio de la ciudadanía, … el pasado 28 de mayo, y los ciudadanos mayoritariamente apoyaron las administraciones que apostamos por él”. Tal afirmación, -eco desafinado de Guijarro-, no es cierta y es disparatada. No es cierta, porque las organizaciones políticas PSOE y Cuenca nos Une, que apoyaron desmantelar la línea, en las elecciones municipales de la capital pasan de 16.251 votos y 17 concejales en 2019, a 11.537 votos y 12 concejales en 2023. Mientras que las organizaciones defensoras del tren, de 11.203 votos y 8 concejales en 2019 cuentan con 14.616 votos y 13 concejales en 2023.
El disparate de Martínez Chana es su recurso populista al ciudadano. Debería saber, que en un Estado Democrático de Derecho las personas gobiernan de acuerdo con la Constitución y las leyes. Es decir, las autoridades tienen que actuar cumpliendo lo que manda la ley y con arreglo a los procedimientos jurídicos establecidos. Los votos no convierten una decisión ilegal en legal. Por lo tanto, ante los indicios de que los poderes públicos incumplen las leyes, no respetan los procedimientos establecidos o lesionan derechos fundamentales, la ciudadanía tiene a su disposición recursos contra las arbitrariedades del poder. Esto es lo que hicieron los once ayuntamientos (de ellos tres con alcaldes de izquierdas), cuando interpusieron un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo, exigiendo respeto por la ley y las competencias de los municipios.
¿Y qué decir del profético alcalde de Cuenca, Dolz, que declaró: “está fuera de todo lugar que el tren … regrese”? Quizás por cortesía, lo mejor es guardar silencio.
Opinión de Fernando Casas Mínguez
