La portavoz del Partido Popular de Guadalajara, María Patricio, ha explicado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha acumula deudas con ortopedias de Guadalajara con las que tiene un convenio para dispensar material ortoprotésico que establece el pago en un máximo de dos meses, mientras que el gobierno regional está tardando una media de cuatro meses o más en realizar los abonos.
Patricio ha manifestado que diferentes afectados le han trasladado esta delicada situación que está provocando “la asfixia económica” de estos negocios, que ante el retraso en el pago “se ven obligados a pedir líneas de crédito para sufragar la deuda ocasionada por el gobierno regional”. Los afectados han explicado que su cliente principal, el gobierno socialista de Page, “paga tarde y mal” sin considerar los daños que ocasiona a los dueños de los negocios que tienen este tipo de material.
La portavoz del Partido Popular de Guadalajara también ha denunciado que la gestión del catálogo de los productos conveniados con el Sescam no se actualiza desde 2018, “cuando los precios de estos productos se han incrementado en este periodo en un 40%, asumiendo la subida íntegra la ortopedia”. Por todo ello, están en una situación límite que provoca el ahogo de los establecimientos que tienen que adelantar “muchos miles de euros”.
Patricio ha apuntado que el acuerdo de pago es directo para el paciente, al igual que sucede cuando se dispensa un medicamento con receta. De esta manera, el sistema protege al paciente porque adquiere de manera directa el material, pero por otro lado deja desprotegido al establecimiento en beneficio de la administración regional, “que no está asumiendo la subida de los precios, a costa de las ortopedias, y además paga tarde”.
Lamentablemente, Patricio ha aseverado que “estamos volviendo a los momentos en los que el gobierno regional acumulaba retrasos en los pagos, poniendo en riesgo la subsistencia de muchos negocios y la contratación de trabajadores por parte de los mismos”.
Ante esta situación, Patricio ha exigido al Gobierno regional de Page “que paguen lo que deben y dejen de poner en riesgo la continuidad de establecimientos que no tienen por qué soportar la deuda de lo que es competencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha”.
