La diputada regional y portavoz de Agricultura del Grupo Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha denunciado que los pagos compensatorios establecidos por Page para paliar la pérdida significativa de ingresos que van a sufrir los agricultores y ganaderos afectados por los Planes de Gestión de las zonas de especial protección de aves (ZEPA) que ha diseñado Page son “una mentira y un engaño”.
Merino ha criticado que las ayudas prometidas por el consejero de Agricultura son falsas, porque llegarán a un escaso 1,2% de la superficie total de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha, sólo alcanzarán a 30.450 hectáreas de los 2,7 millones de hectáreas totales y, además, y no cubrirán el daño de las limitaciones agrarias establecidas en los planes de gestión.
“Page asesta con estas engañosas ayudas un nuevo varapalo a los agricultores que ya están sufriendo las consecuencias del plan de gestión recién aprobado, porque las solicitudes de plantación de cultivos leñosos presentadas en el mes de octubre se están resolviendo en estos días, y recogen fuertes restricciones en las densidades y plazos de ejecución de las plantaciones, así como en el sistema de explotación o en la colocación de los sistemas de regadío”, ha asegurado.
Asimismo, Merino ha denunciado que la selección de las zonas afectadas se ha efectuado sin concurrencia competitiva y sin informes técnicos concluyentes, basándose sólo en listados manejados por organizaciones afines al Gobierno de Page.
Además, la diputada autonómica del PP ha indicado que en la mayoría de las áreas, el importe previsto de 208 euros por hectárea no compensa la pérdida de renta que se origina al tener que cumplir los requisitos establecidos en la ayuda, ya que se incrementan los gastos y se reducen los ingresos agrarios en estas parcelas.
Por ello, es inaudito comprobar cómo la propia Administración regional reconoce en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) que la pérdida de ingresos supera los 500 euros por hectárea y sólo compensan 200 euros.
«La transparencia en este proceso brilla por su ausencia, ya que además se elimina el procedimiento de concurrencia competitiva típico de las ayudas europeas y se otorgan a dedo», ha indicado.
Además, “la convocatoria está sujeta a los cambios que proponga la Comisión Europea, por lo que la inseguridad jurídica es palpable, ya que se deja a los agricultores en completa indefensión ante la Administración», ha asegurado Merino.
