El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que en el pleno del próximo jueves en las Cortes regionales presentará a Page, así como al resto de diputados autonómicos, un documento “abierto a negociación y retoque” para que todos los parlamentarios se comprometan en contra del cierre de la hostelería o el deporte y a favor de los autónomos y pymes de estos sectores, así como de que la actividad económica sea compatible con la gestión de la pandemia sanitaria.
Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Guadalajara, donde ha indicado que este pleno debatirá, a propuesta del líder del PP-CLM, sobre hostelería, reclamando a los diputados que “de manera unánime y conjunta, nos manifestemos en contra de los cierres indiscriminados”, además de apostar por “no cargar sobre la hostelería o los gimnasios la responsabilidad de la propagación del virus”.
Núñez ha dicho que espera que los parlamentarios autonómicos “quieran estar al lado” de los hosteleros o de los centros deportivos y firmen este documento, comprometiéndose en contra de los cierres. “Espero y deseo que Page recapacite”, ya que si la Comunidad de Madrid hace compatible economía y salud, “no se puede permitir” que en Castilla-La Mancha estos sectores no estén abiertos.
“En Castilla-La Mancha, con un gobierno socialista, las prohibiciones y los cierres suponen la nota dominante en la forma de gobernar”, ha incidido el jefe de la oposición.
Núñez, que ha realizado estas declaraciones junto al portavoz municipal del PP, Jaime Carnicero y el senador ‘popular’, Antonio Román, ha asegurado que lo vivido esta semana en la ciudad de Guadalajara “es bochornoso”, ya que resulta “incomprensible” que, una vez más, los gobiernos socialistas de Page y Rojo “decidan culpar a la hostelería y a los gimnasios de la propagación del virus”, provocando un daño “terrible” a nivel económico, así como para su imagen.
El líder de los ‘populares’ ha censurado las formas en las que se han producido estos cierres en la ciudad, ya que se ha enviado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “con la orden política” de desalojar los establecimientos como si los usuarios “fueran delincuentes” o si los propietarios “estuvieran haciendo algo de forma incorrecta”, cuando son sectores que “han cumplido los protocolos de salud pública de manera escrupulosa”.
